Detenciones

Cae una red que vendía contratos de trabajo falsos a extranjeros en Murcia y Andalucía

11.06.2016 | 04:00

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en el marco de una investigación centrada en 36 empresas que eran utilizadas para facilitar contratos de trabajo a extranjeros con el objetivo de solicitar autorizaciones de residencia, sin que los empresarios conocieran las contrataciones.

Los supuestos trabajadores llegaron a pagar hasta 4.000 euros por la compra de un contrato, según la Policía Nacional, que informa de que la operación, desarrollada en Granada y Almería, se inició a finales del 2015 a raíz de la información facilitada por la Oficina de Extranjería de Almería. La red operaba también en Murcia. Captaban a sus clientes en bares, locales o en plena calle.

Los agentes detectaron varias irregularidades en tramitaciones efectuadas por ciudadanos extranjeros para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a través de la vía del arraigo.

Las pesquisas policiales llevaron a los investigadores a comprobar que este grupo de delincuentes afincado en Granada proporcionaba a ciudadanos extranjeros documentos necesarios para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo. Los contratos de trabajo y los datos de empresas facilitados se proporcionaron sin el conocimiento de los empresarios.

Los responsables de las 36 empresas investigadas con domicilios sociales en Granada, Almería, Córdoba, Jaén y Murcia no conocían a los trabajadores ni sabían cómo habían conseguido los datos de sus empresas.

En el transcurso de la investigación, los agentes identificaron a los dos responsables de la trama delictiva: una abogada en ejercicio y un hombre que actuaba como gestor administrativo, residentes ambos en Granada, donde regentaban un despacho profesional y una gestoría.

Los dos investigados contactaban con inmigrantes a los que a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.000 y los 4.000 euros les ofrecían la documentación necesaria para obtener una tarjeta de residencia en España.

La operación incluyó registros en dos domicilios, en los que se intervino numerosa documentación relacionada con 203 personas que han sido dadas de alta y con contratos fraudulentos.

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