Cuando parecía que iba a respirar tranquilo durante unos meses ante el alargamiento de la instrucción del caso Auditorio en los juzgados de Lorca, que no lo pueden investigar al estar aforado, al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, le llega una nueva amenaza, esta vez desde Madrid. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Eloy Velasco, tiene en su poder, según informaron Efe y la Cadena Ser, un extenso informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a la supuesta existencia de indicios de responsabilidades penales en la actuación del jefe del Ejecutivo, por realizar, siempre presuntamente, contratos pagados con dinero público con empresas de la trama liderada por Francisco Granados cuando era consejero de Educación, con el objetivo de mejorar su reputación en Internet, algo que desde el Gobierno regional rechazan rotundamente. Sánchez sí reconoció en su momento que, cuando era consejero, empresas de la Púnica ofrecieron sus servicios con insistencia, pero que la Consejería jamás formalizó contrato alguno con ellos.
Según Efe, esta unidad de la Benemérita señala asimismo que la actual candidata al Senado, Pilar Barreiro, en su etapa como alcaldesa de Cartagena, contrató con dinero público los servicios de una empresa de la trama, apuntando que ambos podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
Ahora deberá ser el juez quien decida si procede citar como investigados a los dos cargos políticos. Ahora solo podría llamar a Pilar Barreiro, que tras la disolución de las Cortes no tiene el aforamiento que le da su puesto de senadora, pues no es miembro de la Diputación Permanente. Si considera que Sánchez debe dar explicaciones por su supuesta relación con las empresas del caso Púnica, Eloy Velasco deberá redactar una exposición razonada y remitirla al TSJ. Lo mismo debería hacer, pero dirigiéndose al Tribunal Supremo, si Pilar Barreiro es elegida de nuevo senadora el 26J.
El nuevo frente judicial situó ayer a Pedro Antonio Sánchez en el epicentro de la actualidad política nacional. La noticia fue difundida a primera hora de la mañana para todo el país y fue acompañada por un reguero de reacciones de los principales líderes nacionales. Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría salieron públicamente a apoyar al presidente murciano, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recordó a Pedro Antonio Sánchez que el primer punto del acuerdo de investidura que le permitió acceder el pasado a la presidencia del Gobierno de la Región dice que los imputados o investigados deben abandonar sus cargos.
Además, Pedro Antonio Sánchez sirvió para romper el idilio que vivían PSOE y Ciudadanos en los últimos meses. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pidió explicaciones públicas a Albert Rivera por su apoyo al PP en la Región, volviendo a tratar como adversario político al que fue su socio durante la efímera y frustrada IX Legislatura.
Por su parte, fuentes del entorno señalaron que el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, respalda a Sánchez, repitiendo el discurso de que el jefe del Ejecutivo regional ha sido imputado hasta en 17 ocasiones, y todas ellas fueron archivadas.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue preguntada por el asunto en una entrevista en TVE y señaló que en este caso, «por mucho que estemos en precampaña electoral, que a veces se notan estas cosas, hay que ir con moderación». Sobre el informe de la UCO, afirmó que «son los jueces los que toman las decisiones» sobre los procedimientos judiciales y no la Guardia Civil o la Policía.
Preguntado por los medios de comunicación en El Retiro de Madrid, donde visitaba la Feria del Libro, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió al PP que si quiere seguir gobernado en Murcia con el apoyo de C's, tendrá que cumplir con el pacto anticorrupción y, por tanto, Pedro Antonio Sánchez «tendrá que irse» si es finalmente investigado como pide la Guardia Civil. No obstante, afirmó que no se plantea por ahora promover una moción de censura si el presidente murciano no deja el cargo en el caso de ser investigado porque aún el proceso está en una cuestión «previa».
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sí habló abiertamente de la moción de censura. «Si el señor Rivera cree que el presidente de Murcia debe seguir siéndolo con las acusaciones de la Guardia Civil, tendrá que responder». Sánchez opina que «no hay excusas para que el PP siga gobernando» en la Región de Murcia «porque no es el primero y me temo que no será el último de los casos de corrupción que se están conociendo».
