Dado que el contrato no se llegó a firmar, como mucho a Pedro Antonio Sánchez se le investigaría por fraude. Al no rubricarse el acuerdo, no se dan los delitos de prevaricación ni malversación, explicaron a este periódico ayer fuentes judiciales. El fraude exige acreditar el concierto o acuerdo para amañar un contrato, y es uno de los delitos llamados de mera actividad. Lo que la Benemérita indica es que hay pruebas de amaño: de que trataron de camuflar el contrato de servicio personal en uno de naturaleza pública. Ahora es el juez el que ha de decidir si investiga (imputa) al presidente de la Región de Murcia por este supuesto delito de fraude. Por otro lado, abogados consultados por esta Redacción detallaron ayer que «las meras intenciones no son delito», algo que se aprende, dijeron, «en primero de Derecho Penal». «Si las intenciones no van seguidas de ninguna intención posterior, no sería ni tentativa», especificaron los letrados. También dejaron claro que ser investigado no equivale a ser condenado.
