El promotor de Totana que presentó la querella contra miembros del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel y del actual Ejecutivo por la recalificación de 180 millones de metros cuadrados en los municipios acogidos al agua de la desaladora de Escombreras ha pedido al juez que incluya en su demanda al interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro. El empresario Manuel Núñez, que fue condenado en el caso Tótem, ha presentado su solicitud al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia tras la comparecencia de Eduardo Garro ante la comisión de la Asamblea Regional que investiga las irregularidades en los contratos del Ente Público del Agua con la empresa del grupo ACS propietaria de la planta.
Aunque el juez no ha admitido a trámite la querella de Ñúñez, porque le exige el pago de 3.000 euros, que el empresario no quiere abonar, ha dado por buena la denuncia y ha abierto una investigación sobre los planes urbanísticos que incumplieron el artículo de la Ley de Aguas que obliga a los ayuntamientos a contar con un informe favorable de la CHS. Algunos de estos planes aprobados con informes del Ente Público del Agua garantizando caudales de la desaladora de Escombreras han sido anulados después por el Tribunal Supremo.
El empresario aduce ante el juez que el interventor, como fiscalizador de las cuentas públicas, debió impedir que la Administración regional asumiera «los desmanes» del Ente Público del Agua y «las obligaciones de pago del leonino contrato» de la desaladora.
En su comparecencia en la Asamblea Regional, Eduardo Garro declaró ante los parlamentarios que en 2013 realizó el primer informe dirigido al Consejo de Gobierno sobre las anomalías en las cuentas de las empresas públicas y en los contratos con ACS, en los que se impone a la Comunidad unas condiciones abusivas que llevaron a los dueños de la planta a exigir en los tribunales los 25 años del contrato por adelantado, además del lucro cesante. Esto elevó la reclamación a la Comunidad a unos 560 millones.
Además, el Ente Público avaló en 2006 a la empresa que iba a construir la planta, Hydro Management, con un escrito dirigido a Banesto.
En sus últimos informes, que datan de mediados de 2015 y han sido remitidos a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, Eduardo Garro planteaba que las pérdidas de la desaladora podían haber creado un posible perjuicio contable a las arcas regionales. Proponía al Ejecutivo que exigiera responsabilidades a los representantes en el Ente Público que aprobaron la firma de los contratos y la compra de acciones de la sociedad de ACS a la que el grupo promotor le había transferido previamente el alquiler con las condiciones leoninas que la Administración regional asumió después a través del arrendamiento.
El empresario acusa al interventor de que, «en vez de ceñirse a la Ley de la Hacienda Regional, se ciñó y siguió a pies juntillas dictados políticos emanados obviamente desde la presidencia de la Comunidad y con el visto bueno de los consejeros de Economía y Hacienda de turno».
Ni el interventor ni la consejería de Hacienda han querido hacer comentario alguno sobre las acusaciones del querellante.
