Una de cada cuatro causas judiciales necesita más tiempo de investigación

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a revisar todos los asuntos en instrucción antes del 6 de junio Los fiscales de la Región, encargados del trabajo, logran el objetivo tras reexaminar los seis mil casos aún sin calificar que les han remitido los jueces

30.05.2016 | 01:03

La idea, a priori, parece buena y el objetivo también: desatascar los juzgados de instrucción que llevan retrasos de años en miles de causas –unas seis mil en la Región–, lo que puede llegar a provocar la indefensión de los ciudadanos.

Sin embargo, los medios extras que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa para que esta revisión se termine en el tiempo estipulado (seis meses desde que se aplicó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no han sido los más adecuados, y como los distintos fiscales consultados por esta Redacción afirman, «como siempre, nos hemos quedado cortos».

El ministerio de Justicia ha reforzado la plantilla de fiscales de la Región con dos incorporaciones, «a todas luces insuficiente», puesto que han tenido que acudir a los distintos partidos judiciales.

Eso, sin embargo, no ha impedido que los funcionarios murcianos del ministerio público hayan revisado ya la práctica totalidad de los asuntos en tramitación que aún estaban pendientes de calificar como sencillos o complejos. La reforma de la ley prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

«Los fiscales hemos estado trabajando a destajo, y compaginando el trabajo diario con las revisiones», afirman y recuerdan que la Región de Murcia, en ratio de causas por fiscal, ocupa el quinto lugar de toda España: «Muy por encima de grandes ciudades como Madrid, por ejemplo».

Según los datos facilitados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en los juzgados de instrucción de la Región se habrán revisado más de seis mil causas durante los últimos seis meses.

De ellos, en el partido judicial de Murcia se han reexaminado 1.840 asuntos pendientes de calificar, es decir el 90%. A esta cifra había que añadir otros 1.600 expedientes de otros partidos judiciales.

Por lo que respecta a Cartagena, fuentes de la Fiscalía explican que a 31 de abril se habían revisado más de 1.800 y que esperaban que a finales de mayo la cifra superara los dos mil expedientes. «Y estaremos al cien por cien», apuntan.

También en los juzgados de San Javier, prácticamente, todos los asuntos han pasado por manos de los fiscales y, por lo tanto, las diligencias que habían llegado a los juzgados a 31 de diciembre de 2015 «estarán vistos».

Cada fiscal ha tenido que revisar, de media, entre 200 y 250 causas previas, «lo que supone una carga desproporcionada de trabajo», apuntan desde Cartagena, que lo describen como «un trabajo de pico y pala».

En general, y de media, los fiscales han calificado como causas complejas, y que podrían tener una prórroga de 18 meses para que el juez siga la instrucción, uno de cada cuatro asuntos. El resto, deberán ser archivados, si así lo decide finalmente el juez, «que es quien instruye», apuntan los fiscales.

«Tal vez la postura más fácil habría sido solicitar la complejidad para todos los asuntos pendientes, pero hemos hecho bien nuestro trabajo y sólo hemos pedido más diligencias para aquellas causas de las que se ha tenido certeza de que eran necesarias», manifiestan.

Además, advierten de que es ahora el juez el que debe resolver, antes del 6 de junio, si finalmente estima oportuno esta resolución de complejidad propuesta desde la acusación pública.

Colaboraciones

El Ministerio Fiscal considera que la colaboración de los letrados «ha sido buena», pero que no todos los jueces han abierto las puertas de sus 'casas' a estos funcionarios para que se llevaran los expedientes. Y otra dificultad añadida que se han encontrado ha sido el hecho de que juzgados y fiscalía no comparten el mismo sistema informático.

Para lograr llegar a la fecha tope recogida por el artículo 324, acordaron dividirse las causas de cada juzgado entre los dos fiscales que normalmente trabajan en cada uno.

«Nos ha sorprendido cómo muchas de las causas pendientes llevan retrasos no asumibles porque las diligencias son fáciles de practicar», indicaron las fuentes consultadas, que también destacaron que en otra serie de casos son los informes externos pendientes, por ejemplo, procedentes de las administraciones públicas, los que retrasan la calificación final de los asuntos: «Sobre todo en casos de corrupción».

Por último, tienen claro que el modelo de justicia a seguir no debe ser aquel en el que un fiscal sea el encargado de 'auditar' el trabajo de un juez ni decidir qué causas se deben seguir instruyendo y cuáles se deben archivar. «Ese es el trabajo de la judicatura», subrayan.

Y el interrogante que se les presenta a los fiscales es: «¿Será así ya para siempre?». Lo que tienen claro es que el refuerzo de personal no se va a mantener más allá del 6 de junio, por cuestiones obvias de presupuesto. Y que, si todavía cabía alguna duda, se ha vuelto a demostrar que «tenemos una instrucción judicial decimonónica».

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