El abogado Diego de Ramón, que ayer compareció ante la comisión de la Asamblea Regional que investiga las cuentas de la desaladora de Escombreras, responsabiliza al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel de «la trama» que logró «la recalificación de 180 millones de metros cuadrados» en los municipios que se amparaban en el agua de la planta para sortear los informes en contra de la CHS. El letrado, que solicitó a la Policía la detención «de los responsables de esta maquinación» esgrimió el auto del magistrado del TSJ Manuel Abadía, que llevó a la imputación del exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá en el caso Novo Carthago. Aseguró que en la investigación judicial se atribuye a un hermano de Valcárcel, el abogado Carlos Valcárcel, una conversación en la que éste anuncia la construcción de la desaladora como solución a la falta de agua para Novo Carthago.
De Ramón elogió la actuación del magistrado, que investigó esta caso de corrupción urbanística hasta que pasó a un juzgado tras la dimisión de Cerdá, y recordó que solo los terrenos recalificados del Mar Menor destinados a la construcción de la urbanización promovida por la empresa Hansa Urbana costaron 800 millones de euros. En total, cifró en casi medio billón el volumen «del fraude urbanístico» al que la desaladora de Escombreras «ha dado cobertura legal».
El abogado recordó ante los diputados que integran la comisión parlamentaria gran parte de los hechos que están investigando los juzgados de instrucción número 5 y número 9 de Murcia y pidió a los tribunales que exijan «responsabilidades penales a Valcárcel». Remitiendo a la denuncia de la Fiscalía, dijo que hay indicios de «prevaricación, fraude y falsedad».
Se lamentó de que sus denuncias en la Fiscalía le han supuesto «una persecución» contra él y su familia y aportó un informe en el que resume las irregularidades que él atribuye a «la trama» y a instituciones como la Autoridad Portuaria por haber prorrogado la concesión de la toma a la desaladora, pese a los informes que ponen en duda la salubridad de las aguas. También incluyó en la trama al presidente del grupo ACS, Florentino Pérez. Reprochó al abogado del Estado, al interventor de la Comunidad y a los Servicios Jurídicos que no denunciaran antes los perjuicios contables.
Por su parte, Carlos Valcárcel eludió pronunciarse sin conocer el auto el juez Abadía en el que se le cita, aunque negó cualquier relación con Novo Carthago.
