Asamblea Regional

Arnaldos dice que los 678.000 euros de su minuta eran para costas judiciales

El letrado recuerda que la Comunidad pudo comprar la planta a precio de coste, pero no tenía dinero para pagar

26.05.2016 | 04:00
Andrés Arnaldos, a la derecha, con Miguel Sánchez.

Andrés Arnaldos, exsecretario del Ente Público del Agua, negó que haya cobrado ni un euro por representar a la Comunidad en el pleito contra la empresa del grupo ACS propietaria de la desaladora, Hydro Management. Ante la comisión de la Asamblea Regional que investiga las pérdidas de la planta, el letrado aseguró que la cifra de 678.500 euros que figura en su minuta corresponde a «las costas judiciales» del proceso entablado cuando ACS reclamó cerca de 600 millones a la Comunidad. Arnaldos reconoció que tiene «una iguala» con la Comunidad, que lleva años sin cobrar. Sumando la minuta del procurador, el coste del pleito se eleva a un millón. Recordó que el Gobierno pudo comprar la desaladora «a precio de coste», aunque no aclaró si la cifra ascendía a los 117 millones del crédito de Banesto o a los 140 que pedía ACS. La operación fracasó porque el Gobierno no tenía el dinero.

A preguntas del portavoz de C´s, Miguel Sánchez, Arnaldos admitió que tiene su despacho en la calle Platería de Murcia frente al de Carlos Valcárcel, hermano del expresidente Valcárcel, aunque precisó que «nunca hemos comido ni cenado juntos». Cuando el diputado del PSOE Jesús Navarro le preguntó por qué la Policía registró su despacho respondió: «No tengo nada que ocultar».

El bufete Ariño se desentiende
Los abogados del bufete Ariño y Villar que asesoraron al Ente Público del Agua, José Luis Villar, Juan de Miguel de la Cuétara y Mónica Sastre, fueron los únicos que ayer declararon en secreto ante la comisión de la desaladora. Afirmaron que ellos «no habían participado directamente» en la elaboración de los contratos suscritos entre la Comunidad y las empresas privadas del grupo ACS, según informó el PSOE tras la comparecencia. Su conclusión es que el informe del bufete se hizo sobre «un borrador de la Ley de Aguas, que fue después modificado en su trámite parlamentario y no autorizaba al Ente Público» para avalar ningún plan urbanístico, «ya que esto es potestad de las confederaciones», añade la nota.

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