La disposición adicional de la Ley del Suelo regional de 2001 anulada por el Constitucional en 2012 le puede salir muy cara a la Comunidad. Tras el fallecimiento de Jesús Samper, el empresario al que había recurrido el expresidente Ramón Luis Valcárcel para sacar adelante el parque temático, los socios del que fue presidente del Real Murcia se están viendo abocados al abandono del proyecto ante la inseguridad jurídica en la que se encuentran parte de los terrenos adquiridos en Alhama. Pero los accionistas mayoritarios de Premursa, la sociedad en la que el Ejecutivo tiene una participación simbólica, no están dispuestos a tirar la toalla sin pedirle responsabilidades a la Comunidad por los perjuicios que su dejadez les ha ocasionado.
Previsiblemente, los nuevos directivos de Premursa se acogerán hoy a la sentencia del TSJ que a principios de año suspendió cautelarmente el proyecto, atendiendo a un recurso de Ecologistas en Acción, y propondrán a la junta de accionista exigir a la Comunidad responsabilidades patrimoniales por el naufragio de una inversión que el propio Jesús Samper cifraba en más de 25 millones. La junta extraordinaria se reunirá hoy en Murcia presidida por Juan Antonio Samper, hermano del fallecido.
A los problemas que ha tenido Premursa para conseguir inversores dispuestos a poner dinero en plena crisis económica, se le han sumado las trabas impuestas por la anulación de la disposición de la Ley del Suelo que permitió retranquear los límites de los parques naturales con intención de construir en sus lindes.
En diciembre de 2012 el Tribunal Constitucional obligó a la Comunidad a devolver a los parques su perímetro anterior, lo que supuso que parte de los terrenos adquiridos por Samper en Alhama volvían a quedar dentro del espacio natural protegido. Aunque la consejería de Fomento y el empresario fallecido habían manteniendo que la finca devuelta al parque se destinaría al aparcamiento y no albergaría ninguna construcción, el recurso de Ecologistas en Acción ha bloqueado la tramitación y ha llevado al TSJ a suspender cautelarmente el proyecto hasta que Medio Ambiente apruebe definitivamente el PORN de Carrascoy, bloqueado desde 2005.
Para resarcirse de la inversión realizada desde que se iniciaron las negociaciones con la compañía de Los Ángeles, Premursa propondrá a sus accionistas reclamar una compensación a la Administración regional por haber dejado el proyecto «en la indefinición», tal y como el propio TSJ le reprochaba a la Comunidad en el auto difundido el pasado mes de enero. Tres años y medio después de la sentencia del Constitucional el Gobierno aún no ha resuelto como trasladará el fallo a la legislación regional y a los PGOU que deben modificarse.
