El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pagó dos veces por la mano de obra que llevó a cabo algunos trabajos de mantenimiento y reparación de distintas dependencias e instalaciones.

Así consta en el 'Informe de fiscalización sobre la contratación menor celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social' en el ejercicio 2013.

Según dicho documento, cinco contratos adjudicados por las direcciones provinciales de Murcia, Pontevedra y Madrid para la reparación y mantenimiento de instalaciones incluían con cargo al INSS el coste de la mano de obra para realizar reparaciones o instalaciones «a pesar de que dicho coste ya estaba incluido como parte del objeto de otros contratos de servicios de mantenimiento integral adjudicados previamente». Por ello, el organismo fiscalizador considera que dichos importes «debieron ser asumidos por la propia empresa contratista, y no por el INSS».

Otros errores

Por otra parte, 60 contratos suscritos por los Servicios Centrales y las direcciones provinciales de Alicante, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Teruel y Zaragoza conllevan riesgos de fraccionamiento del objeto del contrato, ya que superaron los límites cuantitativos autorizados por la Ley de Contratos del Sector Público.

Éstos fueron adjudicados «en la mayor parte de los casos» a la misma empresa.

Los «errores» detectados por el Tribunal de Cuentas incluyen asimismo dos contratos para la sustitución del sistema de climatización que debieron haberse resuelto mediante el procedimiento de adquisición centralizada, y otros once correspondientes a las direcciones de Castellón, Lugo, Murcia y Sevilla cuyas fechas de las facturas son anteriores a la aprobación del gasto.

No obstante, con carácter general, la institución que dirige Ramón Álvarez de Miranda considera que los expedientes analizados «se ajustan a las normas aplicables», aunque recomienda complementarlos en el futuro con datos como la justificación de la necesidad de contratar, la adecuación de la oferta al precio general de mercado y la comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

Asimismo, se insta al INSS a promover la concurrencia en los contratos y la solicitud de ofertas a varias empresas, alegando que una mayor competencia podría permitir obtener «mejores condiciones económicas».