El primer gerente del Ente Público del Agua dice que había tres plantas más en proyecto

Amalio Garrido acusa al Gobierno de «la quiebra» de la sociedad creada por Cerdá por no cobrar a precio de coste los caudales vendidos a los municipios

19.05.2016 | 00:09
El primer gerente del Ente Público del Agua dice que había tres plantas más en proyecto

La planta de Escombreras construida por las empresas del grupo ACS, que tiene alquilada la Comunidad Autónoma, no era la única que se proyectaba hace una década, cuando el Ejecutivo regional se embarcó en la aventura de la desalación. Amalio Garrido, el primer gerente que tuvo el Ente Público del Agua creado cuando Antonio Cerdá era consejero de Agricultura, dejó atónitos a los miembros de la comisión investigadora de la Asamblea Regional al asegurar que el proyecto del Gobierno contemplaba «otras dos plantas en el entorno de Escombreras y una adicional en Águilas» para producir 153 hectómetros cúbicos.

Amalio Garrido, que dirigió el Ente Público del Agua desde 2006 hasta 2008, acusó al Gobierno regional de llevar a «la quiebra» a la sociedad creada para distribuir el agua a los municipios que no conseguían autorización de la Confederación Hidrográfica para aprobar nuevos planes urbanísticos, al venderle los caudales por un precio inferior a los costes reales de producción. Garrido insistió en que el modelo estaba concebido para garantizar el equilibrio financiero, pero llevó a la insolvencia al Ente Público del Agua al aplicar tarifas inferiores, lo que generó «una deuda imposible de cubrir». Reiteró que el modelo habría sido viable tal y como estaba concebido, si se hubieran repercutido en los usuarios los costes de desalación y de distribución, y aseguró que los planes incluían otras tres plantas desaladoras, una de ellas en Águilas.

Precisó que el precio de venta no puede estar entre 37 y 57 céntimos por m3, cuando el coste se eleva a 1,20 euros. «Lo peor es aplicar un cambio de modelo en el que aparece dinero público, y dejarlo morir hasta que la bola de nieve fuese tan grande que era imposible cubrir la deuda».

Añadió que esta práctica supuso además el incumplimiento de los preceptos establecidos en la Directiva Marco del Agua de la UE, que obliga a repercutir a los usuarios los costes reales, por lo que resulta ilegal. Garrido mostró su disconformidad con los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de los Servicios Jurídicos remitidos a la Fiscalía y al Tribuna de Cuentas por no recoger este incumplimiento, además de contener «omisiones graves».

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