La Guardia Civil continuó ayer en el ayuntamiento de Cartagena las investigaciones sobre la desaladora de Escombreras abiertas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. Dos agentes de paisano del Cuerpo adscrito a la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos se presentaron a primera hora de la mañana en la sede de la calle San Miguel, donde se encuentran las dependencias de Urbanismo, para revisar la documentación sobre las autorizaciones concedidas a la empresa promotora de la planta hace algo más de diez años, cuando era alcaldesa Pilar Barreiro. Casi tres horas después abandonaron la sede consistorial sin llevarse documentación, aparentemente.
Continuaba así la doble operación puesta en marcha por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia a raíz de la denuncia de la Fiscalía, que arrancó el pasado martes con el registro de la planta de Escombreras, la consejería de Agricultura, donde se encuentra la sede de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, y varios despachos.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Murcia, que el martes registraron las instalaciones de la desaladora de Escombreras desde la mañana hasta primera hora de la tarde, se llevaron cajas con documentos y equipos informáticos para esclarecer las denuncias presentadas hasta ahora, que incluyen presuntos cobros de comisiones a los proveedores de la desaladora.
Sin embargo, las pesquisas realizadas ayer por la Guardia Civil se centraron en las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento a la empresa del grupo ACS propietaria de la desaladora, Hydro Management. Fuentes municipales indicaron que los servicios de Urbanismo facilitaron toda la documentación que se consideró de interés sobre la situación de la planta, aunque destacaron que los agentes no llegaron a llevarse nada.
El propio Ayuntamiento ha venido revisando en los últimos meses la documentación aportada por la compañía para conseguir la licencia de obras y el permiso de apertura, así como la situación de las instalaciones situadas fuera de la planta necesarias para el funcionamiento de la desaladora.
Los dos agentes habían llegado al Ayuntamiento hacia las 8.00 horas de la mañana y habían accedido a la sede municipal a través de una puerta de servicio que utilizan los funcionarios. Permanecieron en las dependencias municipales hasta las 10.45 horas.
El alcalde de Cartagena, José López, que el pasado martes había dado por hecho que la Policía Judicial llegaría al Ayuntamiento en cualquier momento, expresó su voluntad de colaborar con la Fiscalía «como lo ha venido haciendo desde antes de tomar posesión como alcalde».
Por su parte, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, advirtió de que «para lo único que ha servido la desaladora de Escombreras ha sido para que unos pocos hagan negocio a costa del bolsillo de los ciudadanos sin ni tan siquiera solucionar el grave problema de déficit hídrico que sufren nuestros agricultores». Castejón aseguró que el PP «ha estado viviendo del 'Agua para todos' durante décadas en esta Región y ha tratado y conseguido, en muchos casos, instrumentalizar en beneficio propio la supuesta defensa a ultranza de los intereses de los agricultores de nuestra tierra». Castejón recordó que fue el Gobierno del Partido Popular «el que vendió el proyecto de la desaladora como una infraestructura decisiva que iba a poner solución a los problemas de abastecimiento y riego que sufre la Comunidad, cuando lo cierto es que casi una década después de entrar en funcionamiento, la desaladora sólo produce sobrecostes, presuntas mordidas, corrupción generalizada y un funcionamiento que no alcanza ni el 20% de su capacidad total prevista». Añadió que los agricultores del Campo de Cartagena «necesitan que la desaladora de Escombreras funcione a pleno rendimiento para tener caudales».
