María Antonieta Fernández, que fue asesora de Antonio Cerdá cuando era consejero de Agricultura y asumió la secretaría general del Ente Público del Agua a principios del año 2006, defendió ayer la decisión del Ejecutivo regional asegurando que en aquel momento había una gran demanda de agua en la Región para el suministro urbano y también «para la agricultura y la industria, citando en concreto «un proyecto químico de Lorca». Aseguró que el propósito de la Comunidad Autónoma al optar por la creación de sociedades públicas para gestionar el agua desalada era «desvincular el proyecto de las arcas públicas y del sistema público».

Fernández, que actuaba como mano derecha de Antonio Cerdá y está imputada también en el caso de corrupción urbanística Novo Carthago, junto con el exconsejero de Agricultura y Agua, tuvo una breve intervención ante la comisión especial de la Asamblea Regional que investiga la desaladora de Escombreras. En atención a que no había recibido la notificación oficial de su comparecencia hasta la víspera y no había tenido tiempo para preparar su intervención, los parlamentarios fueron parcos en sus preguntas.

La exsecretaria del Ente Público del Agua explicó que la iniciativa de crear esta sociedad tenía el respaldo legal del bufete de abogados Ariño & Asociados, mientras que el proyecto técnico tenía el aval la empresa israelí con sede en Ámsterdam Tahal, que cuenta con cientos de ingenieros en su nómina, según apuntó María Antonieta Fernández. «Nos fiábamos de los asesores externos», precisó. Cuando el diputado del PSOE Jesús Navarro le preguntó por qué se contrató a una empresa que carecía de autorización oficial para tasar los terrenos cedidos al grupo ACS para construir la desaladora, respondió que «la recomendó la directora general de Presupuestos», aunque no recordó su nombre. El parlamentario le pidió que hiciera memoria «porque posiblemente también la llamaremos a ella a declarar».

Fernández defendió que la Consejería optó por recurrir a asesores privados para mantener la sociedad al margen del gasto público. «Se quería desvincular el proyecto de las arcas públicas y del sistema público. No querían que la Comunidad cargara con obligaciones», indicó.