Investigación

El Gobierno tenía otras tres desaladoras como la de Escombreras en cartera

El primer gerente del Ente del Agua desvela ante la comisión de investigación de la Asamblea los planes que tenía Valcárcel

19.05.2016 | 04:00
José Manuel Ferrer.

La desaladora de Escombreras necesitará una prórroga de la Autoridad Portuaria para eludir el cierre. El próximo mes de diciembre termina la moratoria de tres años que le dio el Puerto de Cartagena para construir una nueva toma de agua fuera de la dársena de Escombreras, pero la nueva tubería que abastecerá a la planta no estará acabada para entonces, según reconoció ayer el gerente de la sociedad pública Desaladora de Escombreras y exgerente del Ente Público del Agua (EPA), José Manuel Ferrer, en su comparecencia en la Asamblea. Ferrer declaró ayer ante la comisión especial que investiga la gestión del Ente Público creado por la consejería de Agricultura para suministrar caudales a los municipios que no conseguían autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura para sus planes urbanísticos.

También comparecieron el primer gerente del EPA, Amalio Garrido, y la exsecretaria general, María Antonieta Martínez.

La desaladora de Escombreras necesitará otra prórroga de la Autoridad Portuaria para sacar la toma del agua de la dársena con la construcción de un nuevo cajón de captación en aguas menos contaminadas. José Manuel Ferrer mostró su confianza en que no habrá problema para conseguir una nueva moratoria, pese a las reservas que pone el Puerto, al considerar que el agua de una dársena industrial como Escombreras no es la más adecuada para suministrar caudales destinados al consumo humano. Sin embargo Ferrer defendió la calidad del agua desalada de Escombreras y lamentó la confusión que crean las denuncias presentadas a la Fiscalía por este motivo.

Reconoció también que la planta ha estado funcionado «a medio gas», porque ha sido preciso sustituir las dos bombas del cajón de captación, cuyo volumen comparó con el de un camión, y se han cambiado los filtros de desalación. Añadió que mientras tanto, los tres ayuntamientos que compran agua desalada (Murcia, Torre Pacheco y Fuente Álamo) se han abastecido del Taibilla. Cartagena se ha dado de baja, pero Ferrer indicó que no va a obligar a su alcalde, José López, «a cumplir el contrato».

Según sus cálculos, la planta estará al 70% u 80% en octubre, sobre los 22 hm3 de capacidad máxima que tiene. Aseguró que hay demanda para unos 16,5 hm3, pero el problema está en los costes. «Yo no puedo ir a vender el agua más barata que la competencia, el Taibilla».

La empresa de la Comunidad pelea con el grupo ACS propietario de la planta, porque le cobra un millón y medio al año por utilizar una toma de agua de la compañía Enagás, cuyo coste real no llega a la décima parte. Calcula que la deuda pendiente con ACS asciende a 43,2 millones por las fracturas pendientes desde principios de 2014, aunque Ferrer dijo que pretende descontar el millón y medio anual.

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