Investigación

La Policía Judicial registra la desaladora de Escombreras

Arranca la operación que ha autorizado el Juzgado de Instrucción Número 5 para investigar los posibles delitos denunciados por el fiscal Díaz Manzanera

18.05.2016 | 11:00
Los agentes salen del registro en la planta
La Policía Judicial registra la desaladora de Escombreras

La investigación que puso en marcha la Fiscalía de Murcia en 2014 para investigar los contratos y la gestión de la desaladora de Escombreras ha dado lugar a una operación policial en la Región, que arrancó ayer con el registro de la planta propiedad de una empresa del grupo ACS, que explota la Comunidad Autónoma con un contrato de alquiler. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil permanecieron durante toda la mañana en las instalaciones, ubicadas en el núcleo industrial de Escombreras, en Cartagena, y se llevaron gran cantidad de documentos y material informático. La Policía Judicial también realizó otros registros en Murcia para recabar documentación de las sociedades vinculadas a la planta.

En la operación interviene también la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de Madrid. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, declaró ayer que hay «varias líneas abiertas» y que «no se descarta ninguna hipótesis», según informó Europa Press, en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. Su titular, María del Mar Azuar, investiga supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude.

Los agentes que actuaban como Policía Judicial desalojaron a los trabajadores y les impidieron que pudieran utilizar sus teléfonos móviles. A partir de las 13.00 horas empezaron a sacar cajas con documentos y equipos informáticos.

Hace varias semanas también llegó a la Fiscalía de Murcia una denuncia por presunto cobro de comisiones a los proveedores de la planta que trabajan para la empresa encargada del mantenimiento, Tedagua, que también pertenece al grupo ACS. La grabación realizada por uno de los empresarios a los que se exigía el pago de una mordida a cambio de garantizarle las compras y agilizar el cobro de las facturas, que se retrasa como consecuencia de la morosidad de la Comunidad, fue incorporada a la denuncia.

Según las informaciones difundidas ayer, en los registros participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Murcia y de la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente del Estado. El objetivo de los registros es investigar los contratos firmados por el desaparecido Ente Público del Agua de la Comunidad Autónoma con las empresas del grupo ACS, que han obligado a la Administración regional a abonar 90 millones de euros desde el año 2007, a los que se suman otros 35 que aún debe.

Una de las cláusulas establece que, en caso de incumplimiento, la propietaria podría exigir a la Comunidad los 25 años de contrato por adelantado, lo que ya dio lugar a la reclamación ante los tribunales de 560 millones de euros en 2013, retirada tras alcanzarse un acuerdo entre las partes. Informes de la Intervención General de la Comunidad y de los Servicios jurídicos advirtieron de que las pérdidas sufridas por la empresa pública pueden haber producido un perjuicio contable a las arcas regionales. La Fiscalía también investiga la situación de la toma de agua que alimenta la desaladora, situada en la dársena de Escombreras, y del emisario que vierte la salmuera procedente de la planta.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia abrió la investigación a raíz de la denuncia del fiscal de Delitos Medioambientales de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que desde 2014 ha venido reuniendo pruebas y miles de documentos.

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