El abogado murciano Diego de Ramón, que fue el primero que interpuso en una querella ante la Fiscalía para que investigara las presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la empresa pública Desaladora de Escombreras, afirmó ayer que se trata del «mayor escándalo de corrupción» de la Región, al suponer «un agujero de 600 millones para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional».
