Investigación

El cerebro de Púnica apunta a José Antonio Alonso como negociador de comisiones

El exalcalde de Cartagena niega que haya pagado un solo euro a políticos de Madrid, como dice Marjaliza

18.05.2016 | 08:07

«Nunca le he pedido a un cargo público lo que nunca permití que me pidieran a mí cuando ocupaba un cargo público». Así se defendía ayer el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso de las acusaciones que lanzó contra él en sede judicial David Marjaliza, presunto cerebro del caso Púnica, quien señaló ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Alonso era el encargado de negociar las comisiones que la trama supuestamente pagaba a políticos de distintas comunidades autónomas a cambio de adjudicaciones de concursos y contratos públicos.

Alonso, quien lamenta «el juicio mediático» al que considera que le están sometiendo, señaló a esta Redacción que conocía desde noviembre pasado el contenido de la declaración de Marjaliza y que inmediatamente su letrado presentó un escrito ante el juez Velasco denunciando estas «palabras difamatorias» y ofreciéndose a declarar «para demostrar la falsedad» de las mismas.

«No van a encontrar ni un solo euro, ni una sola factura, ni una sola comisión que yo haya pagado a nadie», manifiesta José Antonio Alonso, que admite que tiene una relación de amistad con el exlíder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, pero rechaza que, como dijo David Marjaliza en sede judicial, mediara ante él para la adjudicación a empresas de la trama pública de tres varias parcelas para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO). «Tomás Gómez jamás me pidió nada que fuera ilegal», indicó el exalcalde de Cartagena, apartado de la política desde hace años. Marjaliza afirmó ante el juez que sus empresas pagaron «muchas cosas» en Parla, municipio del que era alcalde Tomás Gómez, incluidos mítines «a los que fue Felipe González», banderolas y bebida. El empresario también indicó en la Audiencia Nacional que él aportaba dinero en efectivo a José Antonio Alonso en concepto de «dádivas» para dárselas al exalcalde de Aranjuez Jesús Dionisio a cambio de la adjudicación de viviendas. «Yo no daba dinero al alcalde. José Antonio me decía... hay que dar 100.000 euros», explicó Marjaliza durante su declaración como imputado.

Alonso indicó a este diario que todvía está a la espera de conocer de qué se le acusa exactamente en la trama. Sobre la relación de las empresas del caso Púnica con la Región de Murcia, el exalcalde afirmó que solo mantuvo relaciones con José Fidel Saura, implicado en la trama y exjefe de gabinete del exconsejero Juan Carlos Ruiz, para pedirle que recibiera a estas empresas para que le presentaran un proyecto de reputación online. «Espero que se demuestre que hubo rigor y transparencia en el trabajo que se hizo», sentenció Alonso, quien recuerda que «no se llegó a firmar ningún contrato» entre la Comunidad y las empresas de la trama y que, por tanto, «no salió un solo euro de las arcas regionales».

Un contrato de 24.000 euros que le acabó costando el puesto a un consejero
La Guardia Civil iniciaba la operación Púnica en el otoño de 2014, cuando era detenido en Madrid el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, que tenía relaciones profesionales con los principales implicados en la trama que dirigía el exconsejero madrileño Francisco Granados, y se llevaban a cabo registros en dependencias de la Administración regional como el Instituto de Fomento y el Centro de Cualificación Turística. Altos cargos como Reyes Samper y Mariola Martínez, directoras de ambos organismos, tuvieron que prestar declaración durante algunas horas, en calidad de detenidos, en la comandancia de la Benemérita en Murcia. También fueron arrestado el funcionario regional Jesús Galindo y el jefe de gabinete de la consejería de Industria, José Fidel Saura. Todo por un contrato de 24.000 euros, supuestamente para la promoción turística de la Región, pero que el juez sospecha que era para promocionar la reputación online del consejero Juan Carlos Ruiz.

Todos ellos salieron de la Comunidad en aplicación de la doctrina de Alberto Garre, que obligaba a los cargos que eran imputados durante su mandato a dimitir. Juan Carlos Ruiz quedó fuera en un principio, pero fue imputado en julio del pasado año, renunciando de su puesto en cuanto se conoció si implicación.

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