El Ente Público del Agua debía cobrar a los ayuntamientos unos precios establecidos para los caudales de la desaladora de Escombreras y de las infraestructuras de distribución que habrían garantizado el equilibrio financiero, pero modificó las condiciones y no ha aplicado las tarifas pactadas, según ha dicho en la Asamblea Regional el primer gerente que tuvo la sociedad creada por la consejería de Agricultura, Amalio Garrido.
El gerente del Ente Público del Agua ha comparecido hoy ante la comisión especial que investiga los contratos y las cuentas de la desaladora de Escombreras. También están citados esta mañana con su sucesor, José Manuel Ferrer, y la exsecretaria general María Antonieta Fernández, que declara a partir de este momento.
Amalio Garrido, que ha acudido a la comisión parlamentaria acompañado por un abogado, ha asegurado que «si se hubiera cobrado el agua al precio establecido, el equilibrio económico estaba garantizado». Sin embargo, indicó que, según sus noticias, no se ha exigido a los ayuntamiento el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios, que habrían garantizado el equilibrio.
Garrido asegura que a pleno rendimiento de la planta el agua tendría que cobrarse a 1,1 euros por metro cúbico, pero se está incumpliendo la Directiva Marco del Agua, que obliga a recuperar los costes de suministro.
Ha mostrado su disconformidad con los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de los Servicios Jurídicos remitidos a la Fiscalía y al Tribuna de Cuentas por no recoger este incumplimiento.
