Investigación

Registran también el despacho del abogado de la Desaladora de Escombreras

La Policía Judicial entró en Murcia a la oficina del letrado de la empresa de la Comunidad, que tiene alquilada la planta de Cartagena

17.05.2016 | 18:07

La Policía Judicial, que esta mañana ha entrado en la sede de la desaladora de Escombreras, en Cartagena, de donde se ha llevado ya cajas con documentación y equipos informáticos, también ha registrado a primera hora en Murcia el despacho del letrado de la sociedad pública de la Comunidad Autónoma Desaladora de Escombreras, Andrés Arnaldos.

El abogado ejerció antes como secretario de la empresa pública creada por el Ente Público del Agua que tiene alquilada la planta al grupo ACS.

En las operaciones que se han desarrollado esta mañana en Murcia y Cartagena interviene la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha declarado que hay "varias líneas abiertas" y "no se descarta ninguna hipótesis", informa Europa Press.

Con los registros de la planta de Escombreras y del despacho de Murcia arranca la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, a raíz de la denuncia del fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que desde 2014 ha venido reuniendo pruebas y documentación.

Díaz Manzanera inició sus pesquisas tras recibir una denuncia del abogado murciano Diego de Ramón, que aportó a la Fiscalía el primer informe del Tribunal de Cuentas de 2010.

En noviembre del pasado año la Fiscalía denunció ante el juez supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en los contratos de la Comunidad con la empresa propietaria de la planta, que establecen unas condiciones abusivas para la Administración regional, y en las cuentas de la empresa pública que gestiona la planta.

Informes de la Intervención General de la Comunidad y de los Servicios jurídicos advirtieron de que las pérdidas sufridas por la empresa pública que tiene alquilada la desaladora pueden haber producido un perjuicio contable a las arcas regionales.

La Comunidad Autónoma ha pagado hasta ahora 90 millones a la propietaria y debe unos 35 de pagos atrasados, según informó el interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro, ante la comisión parlamentaria de la Asamblea Regional que también investiga la desaladora.

Por otra parte, un vídeo grabado por un proveedor de la empresa encargada del mantenimiento de la desaladora, la compañía Tedagua, perteneciente también al grupo ACS, reveló que responsables de la firma podían estar cobrando comisiones a las empresas de suministro.

Por su parte, Diego de Ramón ha manifestado que la desaladora de Escombreras es "el mayor escándalo de corrupción" de la Región, que supone «un agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representa un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional», informó Europa Press.

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