La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella que el empresario gallego condenado por cohecho en el caso Tótem, Manuel Núñez, ha presentado contra el dirigente de Manos Limpias Miguel Bernad, detenido por intento de extorsión a la infanta Cristina, entre otros personajes. El juez Santiago Pedraz ha permitido adherirse a la causa contra Manos Limpias al promotor que iba a construir una urbanización con varios miles de viviendas en Totana y que asegura haber sido coaccionado para que pagara a los supuestos extorsionadores 75 millones de euros con el argumento de que iban destinados al pago de comisiones «a 17 políticos de la Región».

Núñez también acusa al intermediario en la compra de los terreno de Totana que iba a urbanizar, Emiliano Ovide, y considera además «colaboradores necesarios» a siete miembros de la ejecutiva regional del PSRM y alcaldes de la comarca que asistieron a una comida en el restaurante El Chaleco de Alhama con el exministro de Justicia, Mariano Bermejo, en la que considera que se fraguó la intervención de la Guardia Civil y de la Justicia contra él en la operación Tótem; y al actual alcalde de IU, Juan José Cánovas. Sostiene que Manos Limpias habría sido «el brazo planificador y ejecutor» de una red de extorsión que habría actuado también en Totana.

Asegura que «el extorsionador profesional Ovide Castrillo operaba al dictado de Manos Limpias, en combinación con la cúpula del PSOE murciano» y señala que así queda demostrado en «la documentación intervenida por la Guardia Civil» y en las conversaciones mantenidas por el secretario de Manos Limpias con el intermediario Ovide.

En la lista de dirigentes socialistas incluidos en la querella figuran Rafael González Tovar, secretario general; Joaquín López, Alfonso Navarro y Pedro Saura, el exalcalde de Lorca Leoncio Collado, así como José Espadas, que fue regidor de Alhama entre 2010 y 2011.

La pretensión del empresario es aportar las pruebas que ya había presentado durante la instrucción del caso Tótem para demostrar su inocencia, pero fueron rechazadas, por lo que también solicita al Consejo General del Poder Judicial que revise la actuación de los jueces que intervinieron en el proceso por corrupción urbanística en Totana que llevó a la cárcel a los exalcaldes Juan Morales y José Martínez Andreo.

Recuerda que fue condenado sin juicio oral, pese a disponer de pruebas que podrían haber acreditado su inocencia. Después de pasar «diez horas en las dependencias judiciales», dice haber sido «doblegado» ante «razones tan poderosas como que 22 implicados aceptaran el acuerdo con el fiscal».