La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 6,7 millones de euros, equivalentes al importe de dos préstamos participativos, a Autopista del Sureste por el sobrecoste de las expropiaciones para la construcción de la autopista AP7 entre Alicante y Cartagena.
En la sentencia, los magistrados atienden el recurso contencioso administrativo interpuesto por Autopista del Sureste S.A contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud que hizo en abril de 2013 a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, para que le fueran abonados el tercer y cuarto préstamo participativo que pidió.
El Supremo reconoce así el derecho de la recurrente a percibir el importe íntegro de los dos préstamos, y condena a la Administración a su pago, y a que asuma además el importe de las costas.
En su fallo, el tribunal considera que la concesionaria de esta autopista no se encuentra sometida a procedimiento concursal, por lo que no le afecta la prohibición de contratar, y que, aunque presentaba pérdidas, justificó un incremento de capital social y el abono puntual de los intereses de un préstamo participativo anterior.
