Los cuatro diputados del PP en la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional abandonaron ayer la sesión en protesta por el hecho de que se hayan debatido las enmiendas parciales a la proposición de ley sobre desahucios y pobreza energética sin resolverse antes el recurso de reconsideración a la inadmisión de sus iniciativas. El diputado del PP en esta comisión, Víctor Martínez-Carrasco, explicó que su formación presentó el pasado viernes un recurso de reconsideración al negar los servicios jurídicos de la Cámara la admisión de sus enmiendas parciales al texto propuesto por el PSOE y Podemos.

Los letrados de la Asamblea han motivado su decisión en que todas las iniciativas del PP proponían la supresión de artículos de la proposición de ley, lo que han entendido como una enmienda a la totalidad, que ya fue debatida en el pleno del pasado jueves, por lo que no había lugar a su tramitación. Martínez-Carrasco pidió a la presidenta de la comisión, la diputada socialista Yolanda Fernández que se aplazara el debate de las enmiendas parciales hasta que la Junta de Portavoces no se pronunciara al respecto, una petición que ha sido desestimada tras el pronunciamiento de la letrada presente en la sesión.

Tras esta decisión, Martínez-Carrasco anunció el abandono de su grupo durante el debate de las iniciativas, por lo que salió de la sala junto a sus compañeros de grupo Jesús Cano, Juan Pagán y Mónica Meroño, que volvieron posteriormente para el debate de las enmiendas parciales a la reforma de la ley de Transporte Marítimo.

Posteriormente, el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, dijo en un comunicado que «poca credibilidad puede tener un Parlamento que no respeta los procedimientos básicos en el trámite de las iniciativas» y consideró que en la comisión ha habido «un debate adulterado que carece de legalidad y un ejemplo más del todo vale que impera en la Cámara regional».

Precisó que el PP además de presentar una enmienda a la totalidad, presentó una serie de enmiendas parciales para tratar de corregir los aspectos inconstitucionales de la ley sobre los que han alertado los propios Servicios Jurídicos de la Asamblea.