Justicia

El director de los Servicios Jurídicos aconseja llevar el contrato de la desaladora a los juzgados

El interventor calcula que la Comunidad debe unos 35 millones a la propietaria de la planta, además de los 92 que ha pagado

12.05.2016 | 04:00

El director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Francisco Ferrer, que ayer compareció ante la comisión especial de la Asamblea Regional que investiga la desaladora de Escombreras, es partidario de acudir a los tribunales para eliminar las cláusulas leoninas recogidas en los contratos con la empresa del grupo ACS Hydro Management, propietaria de la planta. Por su parte, el interventor general, Eduardo Garro, que también estaba citado ayer en la Asamblea, calculó que la Administración regional debe en estos momentos unos 35 millones de euros a las compañías de ACS, aunque el diputado del Grupo Socialista Jesús Navarro eleva esta cifra a 42 millones.

Esta deuda se suma a los 92 millones que la Comunidad ha abonado a Hydro Management, la dueña de la planta, y Tedagua, responsable del mantenimiento, lo que significa que el agua suministrada por la desaladora ha costado ya más de lo que vale la propia infraestructura, que se presupuestó en 111 millones.

Eduardo Garro y Francisco Ferrer son los responsables de los informes técnicos dirigidos al Ejecutivo regional que han sido remitidos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del TSJ. Ambos negaron haberse sentido «presionados» por las informaciones relativas a su posible destitución que se difundieron al saberse que habían detectado un posible perjuicio contable y que los responsables tendrían que responder con su patrimonio.

También compareció el representante de la División de Intervención de la Comunidad, David Rodríguez, a pesar de que la comisión le había ofrecido un aplazamiento a causa del fallecimiento de su padre. El técnico, al igual que Garro y Ferrer, fue muy comedido.

Ferrer planteó la conveniencia de emprender «acciones legales» para liberar a la Comunidad de las condiciones abusivas de los contratos de la desaladora, aunque eludió dar detalles sobre los argumentos que esgrimirían los letrados ante los tribunales para no dar pistas.

Coincidía así con la opinión expuesta por el expresidente Alberto Garre, que también defendió ante la comisión investigadora la presentación de una demanda en los tribunales. Ferrer apuntó además la compra de la planta como una alternativa para acabar con la sangría económica y la telaraña de los contratos con ACS. Las cláusulas en vigor obligan a la Comunidad a pagar los 25 años de vigencia del contrato por adelantado en caso de imcumplimiento por parte del Gobierno, sin contemplar «la reciprocidad», y el denominado ´take or pay´, que impone los pagos al margen del volumen de agua aportado.

Garro admitió que él «habría procurado que no aparecieran» en un contrato particular cuando el portavoz de C´s, Miguel Sánchez, le preguntó si las habría firmado.

Ferrer dejó claro que los certificados expedidos por el Ente Público del Agua a los municipios que se acogían a los caudales de Escombreras para aprobar nuevos desarrollos urbanístico no evitaban el cumplimiento «preceptivo» de la Ley de Aguas, que obliga a solicitar una autorización de la CHS. A los ayuntamiento que trataron de sortear esta norma les aconsejó que soliciten ahora el certificado a la CHS para evitar que vean anulado su PGOU, tal y como les ha ocurrido a Puerto Lumbreras, Aledo y Murcia.

Por otra parte, el interventor considera que el Gobierno debió señalar a los responsables de los perjuicios ocasionados por la desaladora a las arcas regionales antes de remitir los informes de la Intervención y de los Servicios Jurídicos al Tribunal de Cuentas. Garro cree que lo mejor había sido «instruir un expediente sobre la posible responsabilidad contable para ordenar toda la información» sobre la actuación del Ente Público del Agua y de las empresas públicas que planteaban la existencia de un posible «alcance contable». Aunque dijo que la decisión del Ejecutivo también es lícita y no «una maniobra dilatoria» ni «una desautorización», en su opinión, «mandar un conjunto de informes desordenados» podía hacer que «la Comunidad se viera afrentada» y que «el Tribunal le pidiera que lo ordenara», dado que «estaba compuesto de informes de distintas fuentes y en algunos casos, en fotocopias».

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