"Cuando nos hallamos, como es el caso, ante una aspirante mujer que tiene un perfil de méritos profesionales que se presenta inicialmente por lo menos parejo al del otro aspirante varón, e incluso en algunos relevantes puntos notablemente superior, la decisión final de adjudicar la plaza a este último tiene que ser, con especial énfasis, singularmente explicada", tiene claro el Tribunal Supremo, que ya ha hecho pública su sentencia mediante la cual anula el acuerdo del Pleno del Poder Judicial de 29 de enero de 2015 por el que se nombró a Miguel Pascual del Riquelme presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

"Es verdad que el criterio de la preferencia de las mujeres a igualdad de méritos no opera con rígido automatismo como una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión que exige que se expliquen cumplidamente, caso por caso, las razones por las que se prescinde casuísticamente de esa regla y se elige finalmente a un aspirante varón en detrimento de la aspirante que presenta un perfil profesional parangonable; y esto, una vez más, falta por completo en el caso examinado", dice la resolución, cuyo fallo fue adelantado el pasado 4 de abril.

"La sentencia estima parcialmente el recurso de una magistrada que concurrió al mismo puesto, María del Pilar Alonso Saura, y en consecuencia anula el acuerdo y retrotrae las actuaciones administrativas para que el CGPJ resuelva sobre la adjudicación de dicha plaza mediante resolución debidamente motivada". apostillan desde el Supremo.

En la sentencia se puede leer que Alonso "lleva destinada más de 23 años en un órgano colegiado con competencias civiles y penales, la Audiencia Provincial de Murcia, desde el 23 de octubre de 1991", así como que "el magistrado designado aún no había superado la fase de destino en órganos unipersonales".

La vocal del Poder Judicial Clara Martínez de Careaga y García, también presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo, emitió un voto particular, al que se adherieron cinco vocales más, en el que considera que el nombramiento de Pasqual del Riquelme no respeta los principios de mérito y capacidad, incumple los requisitos anunciados en la convocatoria e integra, a mi entender, un supuesto claro de desviación de poder, con absoluta independencia de que la solicitante fuese una magistrada".

"Pero además constituye un caso manifiesto de discriminación por razón de sexo. Hasta ahora se justificaba la escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en la carrera judicial (solo una presidenta en 17 Tribunales Superiores) por el hecho de que no existían mujeres con antigüedad suficiente. Cuando las mujeres comenzamos a alcanzar esa antigüedad, como sucede con Pilar Alonso Saura, que lleva más de treinta años en la carrera judicial, entonces se decide nombrar a magistrados varones, que se encuentran más de mil puestos por debajo en el escalafón", remarca el escrito de Martínez de Careaga, que se incluye en la sentencia del Supremo.

La sentencia también rememora que el Poder Judicial, "anteriormente, a través del Acuerdo del Pleno del CGPJ de 22 de junio de 2005, decidió: "Impulsar y desarrollar políticas que favorezcan la promoción de las mujeres con méritos y capacidad en los procesos de nombramiento de cargos gubernativos de la Carrera Judicial (Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas y Audiencias Provinciales) y Magistrados del Tribunal Supremo. Para ello, cuando concurran varios candidatos con similares méritos se procurará facilitar el nombramiento de mujeres para estos puestos".

"Y más aún, el llamado Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno del CGPJ de 14 de febrero de 2013, se articula en once ejes de actuación, de los que el segundo se refiere a la "promoción profesional en la Carrera Judicial", contemplándose en el mismo el objetivo de "promover la remoción del déficit de presencia equilibrada de mujeres en los cargos de nombramiento discrecional realizados por el Consejo", y más específicamente aún de "impulsar y desarrollar políticas que favorezcan la promoción de las mujeres con méritos y capacidad en los procesos de nombramiento de cargos gubernativos de la Carrera Judicial y Magistradas del Tribunal Supremo".

El magistrado Abel Sáez Doménech, que lleva ocupando el puesto de presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia desde 2004, se convierte, por antigüedad, en el presidente del TSJ durante el periodo de interinidad que arranca desde ahora, que el Supremo ha hecho pública su sentencia, y hasta que el Poder Judicial vuelva a reunirse y tomar una decisión al respecto.