Entevista a Antonio Jiménez
Secretario de UGT. Dirige el sindicato en Murcia desde principios de 2009, cuando encabezó la comisión gestora constituida al morir su antecesor, Antonio López Baños. El próximo fin de semana será reelegido en el congreso regional, que se ha adelantado un año para incorporar la dirección regional al recorte en la estructura interna, que ha quedado reducida a solo tres grandes federaciones. 

"Habrá que evitar que los afiliados sean los únicos que sufraguen a los sindicatos"

09.05.2016 | 04:00
Antonio Jiménez posa en la pasarela Manterola de Murcia junto al río Segura.

­Antonio Jiménez (Murcia, 1960) insiste en que el plazo de presentación de candidaturas a la secretaría general estará abierto hasta el día de la elección, aunque se da por seguro que será el único aspirante. A partir de ahora UGT tendrá una federación integrada por profesores y funcionarios, otra de servicios y otra que aglutinará al sector agroalimentario, la industria y la construcción.

¿Hasta dónde llega el adelgazamiento de UGT?
La reducción de las federaciones a tres supone un recorte del 50%, aunque no hace mucho había once o doce organizaciones.

¿Cuánto se ha reducido la plantilla del sindicato?
Desde 2011 ha habido un recorte del 54%, cosa que no es bueno para los trabajadores, pero la viabilidad del sindicato sigue estando por encima de todo.

¿Las fusiones se deben solo a la crisis o también a una burocracia desproporcionada?
Nosotros tenemos que adelgazar la parte directiva de la organización para intentar canalizar el mayor número posible de recursos hacia los centros de trabajo. Tenemos que empoderar a los representantes sindicales de la UGT, tenemos que darles más y mejores herramientas de trabajo y este es uno de los objetivos por los cuales es necesario dibujar una estructura más pequeña. También es posible que en ocasiones no hayamos puesto el centro de gravedad en las empresas. Creemos que hay que recuperar ese centro de gravedad, ese espacio en el centro de trabajo, y aportar mayores recursos a los delegados y delegadas. Es la manera más eficiente de contrarrestar las reformas laborales que se han impuesto en los últimos ocho años. Además, hay que dejar de asumir el exceso de tareas que correspondían a la administración pública y que hemos venido realizando por delegación.

Lo que ocurre es que esos servicios que prestaban también eran una vía de entrada de recursos.
Es cierto que la afiliación se ha resentido, pero también es cierto que llevamos ocho años de crisis que han generado una gran fractura en los trabajadores, hasta el punto de que algunos están en una situación tan límite que no pueden pagar los tres euros de la cuota de desempleados. Pero el sistema de financiación no es el adecuado. Nosotros no somos proclives a las subvenciones, aunque el sistema de negociación colectiva beneficia a todos los trabajadores, estén afiliados o no, lo que no favorece la afiliación. Mientras que en España no haya unas tasas de afiliación importantes, los recursos de los sindicatos están limitados. Pretendemos ser autosuficientes con las cuotas de los afiliados, pero la legislación no incentiva la afiliación.

¿Cúal es la alternativa?
¿Hay países en los que es obligatoria la afiliación y otros en los que los beneficios de la negociación solo afectan a los trabajadores que están afiliados.

¿Quiere decir que un convenio solo beneficiaría a los afiliados del sindicato que lo firma?
Así es. Eso pasa, por ejemplo, en Alemania. En algunos países escandinavos los sindicatos incluso desarrollan servicios públicos y es imprescindible la afiliación para cobrar el paro. La cuestión es que si tenemos una normativa que traslada a los ciudadanos que la afiliación no tiene ningún sentido, obviamente la gente no se afiliará. Tenemos una de las tasas de afiliación más bajas de Europa, mientras que en estos países escandinavos llega al 70%. Lo que no puede ser es que los sindicatos tengamos que realizar una tarea de representación institucional, pero que esa labor democrática solo sea sufragada por los trabajadores que se afilian. Eso no tiene sentido. Esa labor tiene que ser compensada por las administraciones públicas, con total austeridad. De hecho ya hay comunidades que tienen reconocida esa labor mediante una ley de participación institucional.

¿Qué aporta esa ley?
En Murcia UGT está representada en 90 órganos de participación o consultivos, como el CES, el SEF o el Consejo de la Transparencia. Movilizar a los representantes de los trabajadores implica un esfuerzo económico que tiene que ser compensado, porque estamos desempeñando un tarea de responsabilidad pública. No se trata de establecer una afiliación obligatoria, pero habrá que evitar que el peso recaiga solo en los trabajadores que están afiliados. Donde hay tasas de afiliación elevadas hay mejores condiciones de trabajo y mejor salud laboral, mientras que en España todavía deja mucho que desear, al tiempo que la precariedad es mucho mayor.

El retraso en la incorporación de los jóvenes al trabajo, ¿impide también el relevo generacional ?
Ese es un gran reto que tenemos. La UGT va a hacer todos los esfuerzos posibles para que la juventud se incorpore, porque es el futuro de la organización. Tenemos que conectar con la gente joven, que está bastante desapegada de las instituciones porque ha sido especialmente maltratada por la crisis y se ha visto obligada a marcharse fuera, rememorando lo que ocurrió en otros tiempos. También tenemos que mejorar la comunicación y utilizar todas las herramientas que se nos ocurran para que haya un relevo generacional. La consecuencia es que la media de edad de los órganos se está elevando. Vamos a intentar conseguirlo.

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