La Región sólo tiene 34 plazas en casas de acogida y 6 en un piso tutelado para maltratadas

Las cifras contrastan con las que ofrecía en marzo el Observatorio del Poder Judicial: Murcia es una de las comunidades con las tasas más altas de víctimas de violencia machista del país. Sólo a lo largo de 2015 se presentaron 5.034 denuncias, por parte de 4.854 mujeres, lo que significa una tasa de 66,32 víctimas por cada 10.000 mujeres que viven en la Región.

No obstante, desde el Ejecutivo regional aseguran que «no hay lista de espera» para ocupar una de estas plazas, al tiempo que apuntan que la mayoría de las víctimas de violencia machista siguen en sus domicilios: que son los maltratadores los que son apartados del hogar, cuando se produce un episodio de violencia.

En concreto, las cuatro casas de acogida que hay en la Región están en Cartagena, Lorca, Murcia y Molina de Segura, mientras que el piso tutelado se halla en Cieza. Las localizaciones permanecen en estricto secreto, para garantizar la protección de estas mujeres.

En cada casa, admitieron desde la Consejería, pueden vivir «tres o cuatro familias». Madres con sus hijos que hacen de una habitación su hogar. Algunas, con una cama nido. Otras, en literas.

Familia detalló que la estancia media de las mujeres en una de estas casas es de seis meses. En cuanto al piso tutelado, la estancia media es de doce meses.

Asimismo, existe un centro de emergencia, con treinta plazas, concebido como «de corta estancia», en el que las mujeres pasan de media unos cuarenta días, apuntaron desde la Consejería. Este centro «es temporal».

Desde este departamento remarcaron que en junio se abrirá un segundo centro de emergencia (que había sido anunciado para abril), en el que se prevé que se pueda dar asistencia a más de 200 mujeres, «ofreciéndoles un hogar seguro donde poder crecer como personas, lejos de sus maltratadores», reseñaron desde la consejería de Familia.

El Ejecutivo habilitaba recientemente una partida para inyectar dinero a las casas de acogida: 38.000 euros por casa. También se dan subvenciones a los distintos ayuntamientos «para el desarrollo de servicios y programas en materia de asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género», apostillaron las fuentes.

«Palabras sin nada detrás»

«El Estado está dispuesto a hacer leyes, que son gratis, pero no está dispuesta a dotarlas económicamente», tiene claro la activista feminista Alicia Méndez. La joven murciana (@srtagalicia en la red social Twitter) destaca que, a los poderosos, estas leyes de protección a las mujeres «en principio no les tocan, porque son hombres». Hombres «blancos, de clase alta, CIS (que se identifican con su género asignado al nacer)», apunta.

A juicio de la activista, el mismo problema de la falta de fondos lo tienen la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Dependencia. Ambas se quedan en «palabras vacías sin nada detrás», lamenta.

Méndez también destaca que «la mayoría de las mujeres no formalizan las denuncias», dado que «las disuade el núcleo familiar, o el mismo maltratador». Una víctima que «pasa por encima de la familia, de no tener a dónde ir... lo siguiente que se encuentra es que está desamparada», recalca.

En el año 2015, dos mujeres murieron a manos de sus parejas en la Región de Murcia. La primera, de 23 años de edad, lo hacía en octubre en Beniel. Tenía dos hijos con el que luego se convertiría (presuntamente) en su asesino, y él ya había sido condenado a cárcel por pegarle a ella. Para más inri, el hombre tenía una orden de alejamiento. Pese a esto, la joven Maimouna fue encontrada muerta, con un golpe en la cabeza, en su domicilio.

La segunda muerte se produjo en diciembre. Dos caminantes hallaban el cadáver de una mujer de origen sudamericano en un paraje de la localidad. La Benemérita confirmaba hace unos días que se sospecha que su asesino habría escapado al extranjero.