El Consejo de Gobierno acordó ayer solicitar que la Comunidad esté personada en las diligencias abiertas en el Tribunal de Cuentas para investigar un posible perjuicio contable contra la Administración regional por la desaladora de Escombreras, infraestructura que se construyó por decisión del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, del mismo partido, el PP, que el que gobierna actualmente. Así lo anunció la consejera portavoz, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo en el Palacio de San Esteban. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, había preguntado hace unas semanas al Gobierno regional por qué no se personaba en la investigación abierta en el Tribunal de Cuentas.

El Ejecutivo ya envió el pasado mes de julio al Tribunal de Cuentas los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos, que dieron lugar a la apertura de una investigación por parte de la Sección de Enjuiciamiento, aún sin concluir.

Adoptó esta decisión a raíz de un informe jurídico en el que se planteaba la necesidad de investigar a los posibles responsables del perjuicio que puede haber sufrido la Administración regional como consecuencias de las pérdidas registradas por las empresas públicas que firmaron contratos con la firma propietaria de la planta, Hydro Management.

El Ejecutivo regional también remitió los informes del interventor y de los Servicios Jurídicos a la Fiscalía de la Comunidad, cuya denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.

Los contratos y la gestión de la desaladora de Escombreras también están siendo investigados en la Asamblea Regional por una comisión especial.

El objetivo del Gobierno regional con la solicitud oficial para personarse en las diligencias es conocer mejor el procedimiento que sigue el órgano de fiscalización «y la defensa de los intereses de la Comunidad», afirmó Arroyo. «Con esta decisión, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ofrece una nueva muestra de transparencia en su gestión», indicó la consejera portavoz.

En su informe sobre las cuentas públicas del año 2013, que se dio a conocer a finales de abril, el Tribunal de Cuentas reprochó al Ejecutivo regional que no haya disuelto la sociedad pública Desaladora de Escombreras, que tiene el contrato de alquiler de la planta.