La asociación ecologista Anse quiere que la Comunidad Autónoma y la dirección general de Costas del ministerio de Medio Ambiente asuman la recuperación de la Caleta de El Estacio, ocupada por Puerto Mayor desde hace doce años. El portavoz de Anse, Pedro García, que ayer se entrevistó con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, y con los portavoces de los grupos en la Comisión del Mar Menor, presentó a los representantes parlamentarios una iniciativa que contempla la retirada de las estructuras metálicas y de los materiales depositados por la empresa promotora de Puerto Mayor en la cala situada junto al puente de El Estacio, en La Manga. Anse da por hecho que el puerto nunca podría acabarse, porque considera prescrita la concesión a la que se acogía la empresa de Tomás Maestre.

Pedro García explicó que la recuperación de la cala, vallada desde que se iniciaron las obras de construcción del puerto deportivo en 2004, permitiría instalar una zona de boyas que servirían para el atraque regulado de embarcaciones de recreo y aliviaría la presión sobre Isla Grosa, que se encuentra frente a la playa ocupada por Puerto Mayor. La propuesta de recuperación de Anse contempla también la retirada de las acacias que han invadido los arenales para reponer la vegetación autóctona de las dunas en las zonas con árboles. El dirigente de Anse ve «lógico» que el Gobierno regional y Costas asuman los gastos que origine el desmontaje de las planchas metálicas clavadas en el fondo del mar, puesto que «la Comunidad fue quien autorizó la obra».

Las obras de construcción del puerto deportivo fueron paralizadas en 2005 por orden judicial, después de que el ministerio de Medio Ambiente recurriera a los tribunales, dado que la empresa no había solicitado la autorización pertinente antes de vallar la playa y empezar a colocar estructuras metálicas en el fondo marino.

Tras años de litigio, los jueces consideraron que la Comunidad debe resolver si la concesión concedida a la empresa Puerto Mayor en el año 1975 ha caducado o puede prorrogarse todavía para determinar si aún es posible autorizar cualquier proyecto, resolviendo una disputa legal del año 1988.

La consejería de Fomento asegura que está a punto de cumplir este mandato judicial, lo que supone retrotraer la situación legal del proyecto al año 1988, pero fuentes de este Departamento indicaron que la caducidad quedará en manos del Consejo Jurídico.