El dinero que la Comunidad Autónoma deja de ingresar cada año por el arbitrario reparto de los fondos autonómicos no solo impide a Murcia cumplir los objetivos de déficit, sino que impone un mayor esfuerzo en los recortes del gasto destinado a los servicios públicos, que empiezan a acusar el deterioro generado por la falta de inversión. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que la reducción en las partidas de inversión de las comunidades no podrá mantenerse por mucho tiempo sin que comience a afectar negativamente a la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, los ajustes aplicados desde 2011 no han evitado que la Región acabe 2015 con un déficit del 2,038%, que equivale a unos 460 millones de euros, lo que hace difícil seguir metiendo la tijera para cuadrar las cuentas.
Pero sus consecuencias van más allá y llegan también a los bolsillos de los ciudadanos. Precisamente cuando acaba de iniciarse la campaña para declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2015, salpicada con los nuevos nombres de políticos y personajes públicos que tuvieron o tienen cuentas en paraísos fiscales, echará a andar la reforma del actual sistema de financiación autonómica, con la creación de un grupo de expertos que empezarán a trabajar en el diseño de un nuevo modelo de reparto autonómico.
250 millones menos
Con la fórmula aprobada en 2009, la Comunidad Autónoma pierde unos 250 millones de euros cada año sobre la media de las comunidades autónomas, lo que supone un doble castigo para los contribuyentes de la Región: los murcianos ayudan a sostener los ingresos del Estado con impuestos como el IRPF y a través de su consumo personal (con tributos como el IVA), pero reciben un trato peor. Ambos impuestos están cedidos a las autonomías en un 50%, lo que significa que la aportación de cada contribuyente se reparte a partes iguales entre lo que ingresa el Estado y la Comunidad.
El IRPF es el tributo más importante en la financiación autonómica y también en el bolsillo de los contribuyentes, aunque resulta mucho más polémica la aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Gobierno regional elevó este último en 2012 para tratar de contener el déficit, aunque en 2015 aprobó una rebaja del 50%, que llega al 99% en el caso de las empresas.
El director general de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma, Isaac Sanz, admite que, en la práctica, «el Impuesto de Sucesiones se paga una vez en la vida», mientras al IRPF están sujetos todos los contribuyentes. Destacó que, tras la rebaja de 2015, la Región se ha situado «en el sexto puesto», tal y como recoge el informe del Consejo General de Economistas. Añadió que el Gobierno se propone ir rebajando este tributo a medida que lo permitan los ingresos.
En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se paga por la compraventa de viviendas, la Región ocupa el undécimo puesto, con una media de 12.000 euros por una transacción de 150.000 euros.
En Actos Jurídicos Documentales, que se paga por la firma de escrituras notariales, Murcia aparece en el séptimo lugar.
Sin embargo, también en la renta existen diferencias entre las comunidades autónomas, que sitúan la aportación fiscal de los murcianos entre las más altas de toda España, según el informe Panorama de las fiscalidad autonómica y foral 2016 elaborado por el Consejo General de Economistas. De acuerdo con este informe, los murcianos encabezan la contribución al IRPF, precedidos únicamente por los extremeños, mientras que los castellanoleoneses y los madrileños son los que menos tributan.
La diferencia entre Murcia y Madrid está en los tipos máximos y mínimos que aplican ambas comunidades. El mínimo de la Región está en el 19,5%, mientras que el tipo más bajo de Madrid está en el 19%. Los máximos se sitúan en 46% y 43,5%, respectivamente, lo que convierte a la comunidad madrileña en un foco de atracción para empresas y fortunas que obtienen ventajas considerables con la deslocalización.
Diferencias «irrelevantes»
El director de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma quita importancia a estas diferencias y asegura que en la declaración de la renta del murciano medio la diferencia de unas pocas décimas no es relevante.
De acuerdo con las tablas del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2016, un trabajador murciano soltero que gane 20.000 euros al año paga en Murcia 2.394,10 euros, 91 euros más que un madrileño. En el caso de un contribuyente con 110.000 euros de ingresos el murciano pagaría 1.683 euros más que un madrileño. El importe a pagar en la Región serían 38.094 euros, mientras que en Madrid saldrían 36.411.
Por su parte, el secretario general de la organización de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, destacaba la importancia del IRPF en la carga fiscal que soportan los ciudadanos recordando que este impuesto representa el 80% de los ingresos tributarios. A su vez, el 85% de la recaudación que aporta la renta procede de los contribuyentes con sueldos inferiores a 30.000 euros, que son la gran mayoría. Mollinedo añadió que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el sistema tributario español incluye muchas deducciones que fuera de España están concebidas como ayudas sociales y quedan excluidas del marco fiscal. El dirigente de Gestha citó como ejemplo el caso de la deducción por familia numerosa y apuntó que «un notario o un directivo que tenga cinco hijos puede deducirse 2.400 euros, mientras que un trabajador en paro sin prestaciones no puede aplicársela, porque para eso hay que tener ingresos».
Añadió que ocurre algo parecido con las deducciones por la compra de vivienda o por el alquiler, de las que no pueden beneficiarse los contribuyentes con ingresos más bajos. El resultado es que «el gasto social en España está muy por debajo de la media de los 28 Estados de la Unión Europea». Por el contrario, aseguró que los demás países europeos tienen establecidas este tipo de ayudas al margen de la fiscalidad.
El director de la Agencia Tributaria precisó que en el caso de las deducciones específicas en el Impuesto sobre la Renta que ha aplicado la Comunidad para la compra de libros de texto, solo podrán beneficiarse las familias de la Región que acrediten tener unos ingresos mínimos.
