La Comisión de Investigación de la Desalinizadora de Escombreras acordó el orden de comparecencias para mayo, que estarán protagonizadas por altos cargos del Gobierno regional y del Ente Público del Agua (EPA), así como los abogados intervinientes en el proceso, expliquen la tramitación, construcción y gestión de la planta. Tras la reunión, el presidente de la comisión, Miguel Sánchez, declaró que las comparecencias se retomarán el 11 de mayo, con la asistencia del Interventor General de la Comunidad, Eduardo Garro; el director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Francisco Ferrer, y el jefe de la División de Intervención y Fiscalización, David Rodríguez Vicente. El objetivo de esta jornada es que los tres cargos de la consejería de Hacienda detallen los informes realizados por su departamento sobre la planta, en los que piden la apertura de un expediente por haber indicios suficientes de responsabilidad contable en la desalinizadora, y que elevaría a 445 millones de euros las obligaciones del Ejecutivo murciano por el arrendamiento de la planta.

Una semana después, el 18 de mayo, le llegará el turno a Amalio Garrido y José Manuel Ferrer, exgerentes del EPA. Además, este día comparecerá la exsecretaria de este ente, María Antonieta Fernández, implicada también en el caso Novo Carthago.

El segundo bloque de comparecencias concluirá el 25 de mayo con la comparecencia del abogado del EPA, Andrés Santiago Arnaldos; un representante del bufete Ariño & Asociados, encargados de los trabajos jurídicos para la entrada del Gobierno regional en la infraestructura; y el letrado Diego de Ramón, que ha presentado una denuncia ante los tribunales por presuntas irregularidades en el proyecto.

El presidente añadió que, debido a que las comparecencias serán triples, se rebajará el tiempo de los dos turnos de intervención de cada grupo de 30 a 20 minutos.

Tras estas comparecencias, la comisión quiere celebrar un tercer bloque de comparecencias en junio. En julio, los diputados de la comisión prepararán sus conclusiones y, de esta forma, cerrar la misma antes de las vacaciones de agosto, según precisó el diputado de Ciudadanos Miguel Sánchez.