La Plataforma por el Sistema Público de Servicios Sociales ha alertado de que la puesta en marcha de la Ley de Racionalización de la Administración Local, que contempla que los municipios no presten o vean reducida su capacidad asesoramiento y asistencia a los grupos más necesitados, puede suponer una externalización de estos departamentos.
Según ha declarado, tras reunirse en el día de ayer con los grupos de la Asamblea Regional la portavoz de la plataforma, María José Cifuentes, la asunción de estas competencias por parte de la Comunidad Autónoma puede derivar en que el Gobierno privatice el servicio.
Esto supondría, según aseguró, que se ponga en peligro a casi la mitad del personal encargado de esta tarea en los municipios.
