Investigación

El Tribunal de Cuentas aplaza la investigación sobre la desaladora de Escombreras

La Fiscalía del órgano encargado de enjuiciar la actuación de la Comunidad en la planta aparcó las pesquisas a finales de enero hasta conocer el dictamen sobre las cuentas del año 2013 Tendrá que decir quiénes son responsables de las pérdidas ocasionadas por los contratos con ACS

17.04.2016 | 04:00
El Tribunal de Cuentas aplaza la investigación sobre la desaladora de Escombreras

El órgano del Tribunal de Cuentas encargado de enjuiciar la gestión de la Comunidad Autónoma en la desaladora de Escombreras ha suspendido las investigaciones que inició al recibir los informes del Ejecutivo en los que se apunta la existencia de posibles responsabilidades contables, que dieron lugar a la apertura de diligencias. La decisión de aparcar las pesquisas fue adoptada a finales de enero para esperar hasta que estuviera acabado el dictamen sobre el último ejercicio contable fiscalizado por el Tribunal, el de 2013, que está aprobado y ha sido enviado a las Cortes.

Fuentes del Tribunal de Cuentas explicaron que la Sección de Enjuiciamiento, que es el órgano judicial de esta institución, abrió un procedimiento al recibir los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma en los que se apuntaban las irregularidades detectadas en los contratos con la empresa propietaria de la desaladora y en la gestión del Ente Público del Agua.

La Sección de Enjuiciamiento será la encargada de determinar si se ha producido un perjuicio contable a las arcas de la Administración regional y de establecer quiénes han sido los responsables. También podría exigir a los causantes la restitución de las pérdidas originadas por la desaladora para que respondan con su patrimonio.

Esta responsabilidad recaería sobre los consejos de administración del Ente Público del Agua, que presidía el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y sobre las empresas públicas que firmaron los contratos con el grupo ACS, Hidronostrum y Desaladora de Escombreras. La apertura de la investigación se produjo a instancias de la Fiscalía del Tribunal Cuentas, que ya ha emitido un informe, pero las diligencias quedaron suspendidas el pasado 21 de enero, «por acuerdo de las partes». Fuentes del Tribunal explicaron que la suspensión se mantendrá hasta que las Cortes se den por enteradas del dictamen sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma del año 2013, último ejercicio fiscalizado. Fue aprobado por el Pleno del Tribunal en el mes de marzo y enviado a la Comisión Mixta del Congreso-Senado. Tras el acuse de recibo, el documento será público y su contenido podrá incorporarse al procedimiento judicial abierto por la Sección de Enjuiciamiento.

El Tribunal ya había emitido un informe en 2010 sobre las cuentas de las empresas públicas que firmaron los contratos con el grupo ACS, que fue precisamente lo que dio lugar a la apertura de diligencias en la Fiscalía de Murcia, mucho antes de que la Intervención General y los Servicios Jurídicos alertaran al entonces presidente del Ejecutivo murciano, Alberto Garre, de la gravedad de las irregularidades.

En julio de 2015 los indicios que se apreciaban en las operaciones realizadas por las sociedades de la consejería de Agricultura con las empresas del grupo ACS, al que pertenece la firma Hydro Management, propietaria de la planta, también llevaron a los Servicios Jurídicos a aconsejar el envío de la documentación recabada a la Fiscalía. A su vez, el fiscal de Murcia ha presentado una denuncia al juez.

La Intervención General de la Comunidad calculó que la planta de Escombreras ha causado unas pérdidas de 13 millones de euros anuales solo en el periodo 2013-2015, aunque el pasado año apenas producía la mitad de los caudales previstos. El presupuesto de 2016 incluye 15 millones para la planta.

Los Servicios Jurídicos apreciaron indicios de responsabilidad contable y esgrimieron el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/82 , en el que se recoge que «el que por acción u omisión contraria a la Ley originara menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados». Estos daños deberán ser «efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos».

Los técnicos también remitieron al Ejecutivo un informe en el que se aconsejaba señalar a los responsables del posible perjuicio a las arcas regionales. En aquel momento, poco después de la constitución del nuevo Ejecutivo, fue cuando el Consejo de Gobierno acordó enviar los informes elaborados hasta entonces al Tribunal de Cuentas, para que fuese el órgano fiscalizador el que determinase quiénes son los responsables, en caso de que haya que exigir responsabilidades contables, así como la cuantía del perjuicio ocasionado por la desaladora de Escombreras.

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