El juez instructor del Tribunal Supremo que investiga la supuesta implicación de la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, en la recalificación de los terrenos protegidos del Mar Menor destinados a la urbanización Novo Carthago vuelve a dar carpetazo a la causa. En respuesta a la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo, que el pasado mes de marzo ordenó reabrir las investigaciones para admitir las pruebas solicitadas por la acusación popular, integrada por IU y PSOE de Cartagena, el magistrado José Ramón Soriano responde que «no procede acceder a la petición» ni volver a tomar declaración a Pilar Barreiro. La acusación popular recurrirá el auto notificado ayer, que pretende dar por acabada la instrucción.

Para justificar el archivo, el juez de la Sala Segunda del Supremo remite a los escritos de la defensa de Barreiro y del fiscal presentados hace un año, antes de que la Sala de lo Penal del Supremo ordenara la reapertura y la estimación de las declaraciones solicitadas por el letrado de IU y PSOE, Juan Francisco Pérez Avilés. El instructor explica que ya llamó a declarar a Pilar Barreiro el 5 de marzo de 2015 y que la senadora contestó a todas las preguntas. «Por tanto, una nueva declaración de la imputada con el objeto de que conteste a las preguntas que le formule la acusación popular, pudiendo acogerse a su derecho a no declarar, no supondría nada relevante a tener en cuenta en el devenir del proceso», señala el juez.

La acusación popular solicitaba un careo entre la exalcaldesa y el exconcejal de Cartagena Agustín Guillén. También pedía que se solicitara a la Asamblea Regional las actas de la sesión en la que se aprobó la ley de 1992 que regula los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN), a la que estaban sometidos los terrenos protegidos en los que se proyectaba la construcción de Novo Carthago, una urbanización promovida por la empresa alicantina Hansa Urbana y la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. Pérez Avilés trata de demostrar así que Pilar Barreiro era diputada regional cuando se aprobó la normativa que regula los PORN y, por lo tanto, no puede alegar desconocimiento en el momento en que el ayuntamiento de Cartagena aprobó la recalificación.

También pidió que se incorpore la declaración del exconsejero Antonio Cerdá ante el TSJ.

El letrado expresó su respeto por el auto del juez instructor, pero apuntó que el magistrado ignora «el mandato de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pese a tratarse de un órgano superior», y anunció un recurso contra el auto. Añadió que el instructor tampoco se ha pronunciado sobre la petición del ayuntamiento de Cartagena, personado en la causa como perjudicado, que ha solicitado la declaración del exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso.

El instructor decretó el sobreseimiento libre de la causa en mayo de 2015, decisión que confirmó en octubre de ese mismo año, pero la Sala de lo Penal acordó retrotraer las actuaciones al mes de abril de 2015 para valorar la petición de pruebas que ahora se han rechazado.

El defensor de Barreiro, Raúl Pardo, ha contestado que solo se levantó el sobreseimiento «para que el juez se pronunciara sobre las diligencias, impertinentes e innecesarias, por no decir absurdas, que pidieron las acusaciones y que no fueron tenidas en cuenta. Ahora sólo cabe esperar a que el juez vuelva a decretar el sobreseimiento libre, sin perjuicio del derecho de las acusaciones a recurrir ante la Sala».