Tribunales

El profesor acusado de falsear currículos niega los hechos y no acepta la condena

La comparecencia de conformidad celebrada ayer en la Audiencia Provincial acabó sin acuerdo

09.04.2016 | 00:13

La comparecencia de conformidad convocada para ayer por la Audiencia Provincial de Murcia en el caso de un profesor universitario acusado de falsificar, presuntamente, documentación aportada por dos aspirantes a una plaza docente, ha acabado sin acuerdo, por lo que la vista oral se desarrollará próximanente.

Fuentes judiciales explicaron que la comparecencia había sido promovida por si se llegaba a un acuerdo entre el fiscal del caso y la defensa del acusado, F.R.J., profesor de la Universidad de Murcia, lo que no se ha alcanzado.

Según la fiscalía, el acusado aprovechó su cargo de director de departamento para, supuestamente, manipular la documentación entregada por dos de los tres aspirantes a una plaza en la facultad de Ciencias del Deporte de San Javier. Las conclusiones provisionales del ministerio público señalan que la plaza fue convocada en octubre de 2009 y que el acusado, como director de departamento, era integrante de la comisión de contratación.

Según la acusación estatal, tras recibir la documentación de los solicitantes, «procedió a sustituir y excluir determinados documentos que conformaban el expediente administrativo del proceso selectivo, reordenándolos y suprimiendo algunos méritos de dos de ellos».

La supuesta manipulación fue descubierta por el presidente de la comisión de contratación cuando, al cotejar la documentación que había sido facilitada por los servicios de personal con la que llevaba el acusado, observó que no coincidían.

Añade la fiscalía que, según la documentación presuntamente manipulada, el tercer aspirante conseguía 44 puntos de diferencia más que el segundo clasificado.

El ministerio público lo acusa de un delito de falsedad en documento oficial, por el que reclama 4 años de prisión y multa de 2.190 euros, y de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que reclama 18 meses de cárcel y multa por igual cuantía, más las inhabilitaciones correspondientes.

Cuando fueron descubiertos los hechos, hace ahora más de seis años, la UMU los puso en conocimiento de la fiscalía.

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