«¡Es el impuesto revolucionario por trabajar aquí!» Es lo que clama Jesús G. F., el hombre que grabó hace unos años (no se ha concretado cuándo) el vídeo que, presuntamente, mostraría el pago de una comisión ilegal para cobrar una factura en la Desaladora de Escombreras (Cartagena).

En concreto, el vídeo (realizado, al parecer, con un teléfono móvil por la persona que supuestamente estaría siendo extorsionada) mostaría, presuntamente, a Jesús G. F., proveedor de la desalinizadora de Cartagena, entregando 4.500 euros para agilizar una deuda.

En el escrito que presenta el abogado de Jesús G. F. a la Fiscalía Anticorrupción se lee que este hombre «ha estado trabajando como pintor durante cinco años con la Desaladora de Escombreras y, algunas de las facturas por trabajos realizados, sin incrementar el precio del trabajo y beneficio que esperaba obtener por la obra realizada, se le exigía un porcentaje, sin concretar; y, si no hacía dicho pago, le retrasaban el pago de dicha factura durante meses largos, y los futuros trabajos se alargaban hasta no llamarte para trabajar».

Con este argumento, el letrado considera «que pudiera ser una presunta actuación de extorsión o coacciones para poder cobrar».

LA OPINIÓN telefoneó este jueves a la sede en Madrid de la empresa encargada del mantenimiento de la planta, Tedagua. «No tenemos nada que decir», alegaron.

El letrado de Jesús G. F. solicita que tanto el testimonio de su representado como la grabación que este efectuó se incorporen «en las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía contra los responsables de la Desaladora de Escombreras por los presuntos delitos de fraude, malversación, falsedad en documento público y oficial, fraude de subvenciones y delitos societarios».

Fuentes judiciales explicaron ayer que ahora «habrá que investigar» si verdaderamente el vídeo demuestra que hubo extorsión. Se ve a uno de los encargados de Administración contando billetes, pero habría que esclarecer si se trataría, por ejemplo, de un pago atrasado por algún trabajo, algo que, de ser así, sería legal.

La Asamblea regional abrió, con el inicio de la legislatura, una comisión de investigaciónde la desalinizadora de Escombreras, comisión que sigue en marcha.

La oposición ve "un foco de corrupción evidente"

  • El Ejecutivo autonómico hacía este jueves hincapié en que la empresa Tedagua «no tiene ninguna vinculación ni con la Administración Regional ni con el Gobierno regional». «El representante legal de Desaladora de Escombreras SAU formulará denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito», dijeron.
  • El portavoz de C´s en la Asamblea, Miguel Sánchez, ha lamentado que la desalinizadora de Escombreras se haya convertido «en un instrumento para el lucro de algunas personas, un negocio redondo para personas sin escrúpulos».
  • El líder del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, espera que tanto la comisión de investigación de la Asamblea Regional como la fiscalía «lleguen al fondo» del cobro de comisiones e irregularidades de la desaladora, «un foco de corrupción evidente».
  • El diputado de Podemos, Antonio Urbina, cree que la ´propinillla´ que exigía presuntamente Tedagua a sus proveedores «es un asalto a las arcas públicas y a los pequeños empresarios de la Región».
  • El portavoz del PP regional, Javier Iniesta, dijo del PSOE que ya se frotaba las manos intentando vincular al PP con este caso. «Deben meter las manos en agua fría para que se relajen, vamos a dejar que la investigación siga su curso».