El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita declaró ayer ante la comisión de la Asamblea Regional que investiga los contratos de la desaladora de Escombreras que el Gobierno regional debió recurrir la reforma de la Ley de Aguas al Constitucional, si la consideraba «un abuso». Fuentes Zorita respondía así al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, quien declaró hace semanas ante esta comisión que la introducción del artítulo 25.4, que impide aprobar nuevos desarrollos urbanísticos sin la autorización de las confederaciones hidrográficas, suponía una «agresión al Estatuto de Autonomía».

El expresidente de la CHS entre 2004 y 2010 destacó que la ley se aplicó en todas las comunidades autónomas y recordó que el PP no derogó el artículo cuando llegó al Gobierno. «No era una artimaña que se hubiese sacado nadie de la manga», dijo. Explicó que directivos de la empresa propietaria de la planta de Escombreras lo tantearon antes de que la Comunidad firmara el contrato con Hydro Management, pero tanto la CHS como la Mancomunidad de Canales del Taibilla rechazaron la posibilidad de entrar en el proyecto «por falta de consistencia».

Recordó que cuando se puso la primera piedra de esta desaladora estaban terminándose las plantas del Taibilla San Pedro II y Alicante II, además de la de Valdelentisco, que «era la más grande de Europa y una de las mayores del mundo en aquel momento, pero estuvieron acabadas en menos tiempo», por lo que considera que Escombreras no resultaba necesaria. «No hacía ninguna falta una fábrica adicional para 22 hectómetros cúbicos», precisó. A su juicio, el único propósito del Gobierno regional era expedir los informes del Ente Público del Agua a los ayuntamientos para que aprobaran nuevos planes urbanísticos no autorizados por la CHS.

Ayer estaba prevista también la comparecencia ante la comisión del exdirector general de Acuamed Adrián Baltanás, que se excusó por «motivos de salud».