Los 26 ayuntamientos que se acogieron a los informes del Ente Público del Agua para sortear la obligación legal de contar con la autorización de la CHS para los nuevos desarrollos urbanísticos se encuentran ahora en el punto de mira de la Justicia. No obstante, han quedado sin ejecutar la mayoría de los planes parciales aprobados al margen del artículo 25.4 de la Ley de Aguas, que llevó a la Comunidad a contratar la desaladora de Escombreras para que los consistorios pudieran sacar adelante sus proyectos tras la reforma de 2005. Uno de los argumentos recogidos en la querella del promotor Manuel Núñez es que estos ayuntamientos ingresaron grandes cantidades de los promotores a los que recalificaban suelo para nuevas urbanizaciones, que ahora deberían devolver a las empresas, al haber quedado en papel mojado. El Supremo y el TSJ han anulado ya los planes generales de Puerto Lumbreras y Aledo y varios planes parciales de Murcia. La urbanización Joven Futura de la pedanía murciana de Espinardo ha logrado ahora el indulto de la CHS.
