Tribunales

El fiscal ve indicios de prevaricación en las recalificaciones no autorizadas por la CHS

Remite al juez un informe en el que aconseja investigar por separado los planes urbanísticos amparados en el agua de Escombreras

06.04.2016 | 04:00
Cajón de captación de agua de la desaladora en el puerto de Escombreras.

La Fiscalía ve indicios de un posible delito de prevaricación en la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que se ampararon en los caudales de la desaladora de Escombreras cuando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) les negó la autorización preceptiva. Así se recoge en el informe remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia, Francisco Navarro, por el fiscal que ha investigado los contratos de la Comunidad con la empresa promotora de la planta, José Luis Díaz Manzanera. El juez había solicitado este informe después de admitir a trámite la denuncia del promotor urbanístico de Totana Manuel Núñez, que revelaba la recalificación de 180 millones de metros cuadrados con autorizaciones del Ente Público del Agua, en contra de los requisitos establecidos en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas.

El representante del Ministerio Público considera que las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJ de la Región, que han anulado planes urbanísticos por incumplir la reforma de la Ley de Aguas de 2005 que impide aprobar nuevos desarrollos urbanísticos sin la autorización de las confederaciones hidrográficas, dan pie para plantearse que los responsables de los planes generales y planes parciales acogidos al agua de Escombreras actuaron «a sabiendas».

A la vista de este informe el titular del Juzgado número 9 tendrá que decidir ahora qué diligencias ordena para investigar la trama urbanística denunciada por un promotor de Totana, que acusa al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y a una decena de ex altos cargos del Ejecutivo regional y del actual Gobierno de sortear la Ley de Aguas.

El denunciante sostiene que los convenios urbanísticos suscritos con los promotores han aportado a los ayuntamientos una vía de financiación que acabó llevando a la quiebra a muchos consistorios al resultar fallidos los planes aprobados como consecuencia de la crisis del ladrillo.

El empresario consideraba que estas recalificaciones, unidas a las irregularidades detectadas por la Intervención General y los propios Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma en la desaladora de Escombreras, habían dado lugar a presuntos delitos de «estafa, prevaricación continuada, falsificación de documentos, malversación de fondos, fraude, delitos societarios y contra la ordenación del territorio».
En su informe, el fiscal apunta que hay indicios de una posible prevaricación.

Aunque el juez exigió una fianza de 3.000 euros al empresario Manuel Núñez para admitir a trámite su querella, que no ha sido abonada y que está recurrida, dio por buenas las acusaciones del promotor urbanístico –que estuvo implicado en el caso Tótem– y abrió una investigación, al tiempo que envió la denuncia a la Fiscalía para que emitiera una informe sobre los hechos denunciados. El magistrado consideró que «pudieran ser constitutivos de delito, para cuya persecución no es necesaria la presentación de la querella, razón por la cual debe atribuírsele el valor de denuncia con los efectos procesales que a ésta son inherentes».

El promotor también había solicitado al juez que agrupara en una sola causa las investigaciones judiciales en curso por presuntos delitos de corrupción urbanística en proyectos que no habrían podido salir adelante de no haber sido por los informes emitidos por el Ente Público del Agua, como Novo Carthago, en el Mar Menor, pero el fiscal defiende en su informe la conveniencia de seguir investigando por separado cada caso, al considerar que sumarlos todos en una macrocausa, tal y como pretende el denunciante, haría «inviable» los procedimientos. Antes de que el juez le remitiera la denuncia contra la supuesta «trama urbanística», este fiscal ya había investigado durante más de un año las irregularidades detectadas en los contratos del desaparecido Ente Público del Agua con las empresas del grupo ACS titulares de la desaladora de Escombreras. Díaz Manzanera considera que también su denuncia debe seguir investigándose en el Juzgado al que fue adjudicada, el número 5.

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