Cambio de manos

La Comunidad consigue las llaves del aeropuerto a los cuatro años de terminar las obras

Sacyr pone en duda que la Comunidad esté en condiciones de asumir correctamente el mantenimiento de una infraestructura tan sofisticada - La constructora entrega las llaves a una comisión de funcionarios escoltada por la Guardia Civil, pero no renuncia a recurrir al Supremo

24.03.2016 | 22:08
Funcionarios de la Comunidad discuten con la dirección del aeropuerto los términos del acta de entrega ante la garita de acceso.

La Comunidad Autónoma ya tiene las llaves del aeropuerto de Corvera después de tres años de litigio. Funcionarios de la Administración regional tomaron posesión ayer de las instalaciones escoltados por un vehículo de la Guardia Civil, mientras que otros tres permanecían fuera de la valla que cierra el paso al recinto. Fuentes del Ejecutivo regional explicaron que, a pesar de la resolución judicial que obliga a Aeromur a entregar el aeropuerto, la empresa que ha perdido la concesión de Corvera trató de hacer valer que el auto del TSJ aún puede ser recurrido al Tribunal Supremo para aplazar la entrega de las llaves.

El pasado verano los tribunales dieron por buena la rescisión del contrato con Aeromur y hace un par de semanas permitieron a la Comunidad que tomara posesión de las instalaciones. Como la empresa se negó a permitir la entrada de los técnicos la pasada semana, el TSJ dictó una orden este lunes advirtiendo a Aeromur de que incurriría en un delito de «desobediencia a la autoridad judicial» si no entregaba las llaves. En previsión de que la compañía mantuviera su resistencia, los magistrados autorizaron al Gobierno a presentarse en el aeropuerto con la escolta de la Guardia Civil. Para conseguir el respaldo de la Benemérita el consejero de Fomento recurrió al delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, que fue anteriormente director general de Transportes y que vivió en carne propia la experiencia de que Sacyr le negara la entrada al aeropuerto en septiembre de 2013, a pesar de que también él acudió acompañado por la Benemérita.

Por eso, cuatro vehículos del Cuerpo esperaban ayer ante la valla que impide el paso a la carretera de entrada al aeropuerto antes de la hora anunciada para la entrega. Poco después de las 10.00 horas el vigilante de la empresa de seguridad contratada por Aeromur permitió el paso a la comitiva formada por tres coches de la Comunidad Autónoma en los que viajaban los técnicos y funcionarios encargados de firmar las actas de entrega del aeropuerto. Después entraron varios vehículos más de la consejería de Presidencia con los funcionarios de seguridad de la propia Administración regional que debían asumir las labores de vigilancia del aeropuerto.

Pero los técnicos que integran la comisión designada por el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, para firmar las actas de recepción y supervisar la situación de las instalaciones permanecieron casi una hora ante la barrera que cierra el paso al recinto aeroportuario, discutiendo las condiciones de la entrega con el director del aeropuerto, Iván Tejada.

La dirección se negaba a firmar el acta de entrega al no estar cerrada la liquidación de cuentas, que el Gobierno y Aeromur deberán negociar a partir de ahora y que, previsiblemente, acabará en los tribunales.

Según el Gobierno, la empresa trató de resistirse hasta el último momento, aduciendo que aún cabe un recurso de súplica ante el Supremo, mientras que un portavoz de Sacyr culpó a los funcionarios encargados de firmar la recepción, asegurando que «debían realizar consultas antes de dar cada paso». Añadieron que la Comunidad pretendía que el traspaso se realizara en varias fases.

Finalmente, hacia las 11.00 horas el vigilante de Aeromur abandonó el puesto de control y fue sustituido por un funcionario de la Comunidad, consumándose así un simbólico cambio de guardia que sirvió como representación gráfica del cambio de manos del aeropuerto. No obstante, el Gobierno no dio por cerrada la entrega hasta casi mediodía.

«Ya tenemos las llaves», anunció la consejera portavoz, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. «Los responsables presentes de la empresa Aeromur no han accedido a firmar el acta de entrega de las instalaciones y han manifestado su oposición a la misma, aunque se ha llevado a cabo y el aeropuerto ya está en posesión de la Comunidad», informó Europa Press. Añadió que a partir de ahora los servicios técnicos y jurídicos de las consejerías de Hacienda y de Fomento empezarán a redactar los pliegos de condiciones para convocar un nuevo concurso que permita abrir el aeropuerto cuanto antes. Arroyo espera que en los próximos seis meses quede resuelta la liquidación de cuentas, de forma que pueda cerrarse definitivamente la relación con la antigua concesionaria.

Entre los postores podría estar un grupo de empresas de la Región, según ha avanzado el presidente de la CROEM, José María Albarracín, «siempre que el concurso se convoque antes de junio». El máximo representante de la patronal considera que en el nuevo consorcio podría entrar como socia alguna operadora nacional, pero pone como condición que no supere el 50% de las acciones. Albarracín pretende evitar así la situación con la que se han encontrado los socios murcianos de Aeromur, dado que Sacyr posee una participación del 60% que le ha permitido tomar decisiones unilateralmente.

Por otra parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, recordó ayer que han pasado nueve años desde que se adjudicó el concurso a la compañía. «Ahora ya podemos entrar a Corvera para investigar qué hay detrás», manifestó.

El aeropuerto está terminado desde enero de 2012, aunque la concesionaria fue retrasando la entrega de las instalaciones y recurriendo contra las órdenes de apremio de la consejería de Fomento hasta que el entonces consejero, Antonio Sevilla, le quitó la concesión en junio de 2013. La rescisión del contrato fue ratificada por el Consejo de Gobierno en septiembre del mismo año. La batalla judicial, que aún está lejos de terminar, se inició mucho antes, cuando la concesionaria trató de obligar al Gobierno a mejorar las condiciones del contrato para amortiguar las pérdidas que habría cosechado en plena crisis.

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