La empresa murciana de seguridad Magasegur, que el pasado 1 de marzo solicitó el concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, asegura que está negociando la subrogación de los contratos de vigilancia que tiene, la mayoría con instituciones públicas, entre los cuales figura el del hospital Rafael Méndez de Lorca. Fuentes de la compañía precisaron que tiene una plantilla de unos 400 empleados, la mayor parte de los cuales trabajan en instituciones públicas de la Comunidad de Madrid, mientras que en la Región emplea a unas 50 personas. El sindicato USO denunció que la empresa justifica la suspensión de pagos por el embargo de la Agencia Tributaria, dado que «debe 2,6 millones a Hacienda y la Seguridad Social».

Los trabajadores de Magasegur, que no han llegado a cobrar la nómina del mes de febrero, temen que tarden varios meses más en recibir algún tipo de retribución, mientras se regulariza la cesión de los contratos a otras empresas. La plantilla se ha venido quejando de los retrasos en los pagos desde mediados del año pasado.

Según explicó Magasegur, emplea a unos 300 vigilantes en Madrid y unos 50 en Murcia. También tiene algún contrato en Almería. Según indicó USO, «el FOGASA le concedió hace escasamente un mes un contrato para la vigilancia y custodia de sus instalaciones, con 17 vigilantes a su disposición». Añadió que «el colmo de los despropósitos» es que la empresa también tiene «un contrato con las oficinas de Empleo en la Comunidad de Madrid».

Basilio Alberto Febles, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, y Ramón Zalote, secretario general de esta federación en Murcia, pidieron ayer a la empresa y a la Administración que traten de «evitar que los trabajadores sufran durante meses el impago de sus salarios. Entendemos que la contratación publica irresponsable y poco ética que llevan a cabo las Administraciones publicas, donde el único criterio para adjudicar los concursos sea el precio, somete a los trabajadores a una condiciones laborales y económicas del todo inaceptables e indignas, que contemplan rebajas del 30 % de un salario mileurista».

Desde Sanidad afirmaron que la empresa «ha accedido a ceder el contrato» y a que otra compañía asuma el servicio en el Rafael Méndez. «El SMS pretende mantener a los mismos trabajadores y que les pague la nueva empresa», indicaron desde la Consejería.