Reclamación desestimada

El Gobierno no indemnizará a los nueve empresarios del proyecto de Marina de Cope

El Consejo Jurídico da la razón a la Comunidad Autónoma y considera que "no se han producido los daños acreditados por los reclamantes"

17.03.2016 | 04:00
La zona de Marina de Cope.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías de Fomento e Infraestructuras y de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, ha desestimado la reclamación de responsabilidad patrimonial sobre la actuación de Marina de Cope. La reclamación de responsabilidad patrimonial, que ascendía a 231 millones de euros, fue presentada por nueve propietarios como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en mayo de 2013 que declaraba la anulación de esa Actuación de Interés Regional de Marina de Cope por los límites en los que estaba configurado.

De este modo, la Comunidad Autónoma ha resuelto este procedimiento al no constar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En concreto, la relación de causalidad entre el hecho acaecido, con su efecto lesivo, y el funcionamiento del servicio público.

Esta resolución de la Comunidad se produce una vez que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, máximo órgano consultivo en materia de gobierno y administración, emitió el pasado 9 de febrero su dictamen a favor de la Comunidad en este procedimiento y declarar que no procede el abono de la indemnización.

En su dictamen, el Consejo Jurídico considera que no se han producido los daños acreditados por los reclamantes, que estos se adhirieron voluntariamente al Consorcio Marina de Cope, con su correspondiente desarrollo y asunción de cargas de la actuación, y que no se puede trasladar el riego empresarial a la Administración.

En concreto, remarca que no se trata de un daño imputable a la Administración porque el proyecto «obedecía en todo momento a la libre voluntad de los propietarios de los terrenos», y porque «no estaríamos hablando de daños antijurídicos, porque las normas que amparaban la actuación fueron recurridas antes de la firma de los distintos protocolos de adhesión», según ha hecho saber el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé.

Además, el Consejo Jurídico considera que «no ha quedado debidamente acreditada la existencia de un funcionamiento anormal de la administración pública».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Francisco Bernabé manifestó que se trata de una cuestión de reclamación de responsabilidad patrimonial que «hoy termina en vía administrativa y, por supuesto, quedará abierta la vía contenciosa si los propietarios así lo desean». Agregó que «están en su derecho para llevarla a cabo»

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