Confrontación

Castilla-La Mancha recurrirá las normas de explotación del Trasvase

El Ejecutivo de García-Page también decide impugnar los planes del Segura, Tajo, Júcar y Guadiana

16.03.2016 | 04:00

El Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha llevará a los tribunales el plan de cuenca del Segura y las reglas de explotación del Trasvase. El Ejecutivo de García-Page acordó ayer autorizar a los servicios jurídicos de la Junta a impugnar los planes hidrológicos del Tajo, Júcar, Guadiana y Segura, así como el real decreto que regula las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, informó Efe. Según dijo en rueda de prensa la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, se ha autorizado al gabinete jurídico a impugnar ante el Supremo los planes hidrológicos de estas cuatro cuencas aprobados el 19 de enero.

De la Cruz, justificó la decisión porque los planes no garantizan «en absoluto» agua para Castilla-La Mancha. Sobre el plan del Segura dijo que «no garantiza estudios para saber si hay agua suficiente» en la región.

Asimismo, indicó que el Gobierno castellano manchego entiende que los planes no garantizan el principio de equidad dentro de las cuencas, porque las restricciones de agua y el déficit se trasladan a sus ciudadanos. Tampoco garantizan los caudales ecológicos (solo unos caudales mínimos) que deberían de garantizarse para cumplir la directiva marco del agua y los requisitos de la Red Natura 2000. Añadió que no se cumplen los objetivos medioambientales particularmente en el plan hidrológico del Tajo, que según De la Cruz, «está totalmente intervenido y sujeto a los intereses particulares de otras regiones, ya que existen unas restricciones que se perpetúan en la cuenca cedente y que en ningún caso se trasladan a la cuenca receptora».

Señaló que se quiebra el principio de prioridad en la cuenca cedente, se impone un régimen no natural al río, «con unos desembalses artificiales y marcados de forma estacional». La consejera explicó que el incumplimiento de los objetivos medioambientales abre la puerta a que la Junta recurra de forma indirecta el real decreto 773/2014 que regula las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

A su vez, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, lamentó que estos planes «no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos» de Castilla-La Mancha. Destacó que el 91% del agua que se consume en la comunidad manchega es para el uso agrario, con lo cual la importancia del agua «es capital», pero estos planes de cuenca «no recogen las necesidades de los agricultores» de la región.

También quiso recordar que en los últimos años los agricultores castellano-manchegos han hecho «mucho esfuerzo» por mejorar la eficiencia de los cultivos para ahorrar agua y «mejorar el medio. La asignación de las dotaciones es insuficiente para las demandas existentes en la región, y también para las demandas futuras», lamentó.

En su opinión, estos planes «impiden el desarrollo de los regadíos sociales», que tendrán «dificultades» para subsistir. Con respecto a la cuenca del Guadiana, criticó que con el plan aprobado por el Gobierno y ahora impugnado por la Comunidad Autónoma se quedan sin regularizar 1.200 pozos, con lo que no se cumplirá un compromiso adquirido «en el año 2011».

Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes, José Manuel Claver, apuntó que «ya han pasado los plazos para recurrir» las normas de explotación del Tajo y calificó la actitud del Ejecutivo manchego de mero «postureo». A juicio de Claver, el Gobierno de Castilla-La Mancha «sale a recurso por mes» desde que llegó al poder.

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