La sanidad acapara casi el 80% de las quejas contra la Administración regional o contra los ayuntamientos que ha resuelto el Consejo Jurídico durante el año 2015, según explicó ayer su presidente, Antonio Gómez Fayrén. El órgano consultivo del Gobierno, que resuelve también las quejas de los ciudadanos dirigidas contra la Comunidad Autónoma y los consistorios de la Región, además de las consultas legales del Ejecutivo, ha duplicado su actividad durante los años de la crisis, pasando de las 201 solicitudes que recibió en 2007 a 460 en 2015, que suponen un incremento del 26% respecto al año anterior. El número de dictámenes emitidos asciende a 401, una cifra que también duplica la de 2007, cuando se resolvieron 182 consultas.

Gómez Fayrén, que ayer presentó oficialmente la Memoria del Consejo de 2015, destacó que todos los dictámenes emitidos durante el pasado año fueron aprobados por unanimidad, sin ningún voto particular en contra, lo que garantiza, según el presidente del Consejo, la fiabilidad de sus pronunciamientos. Durante su intervención aseguró igualmente que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos dan cumplimiento a los dictámenes «en el 99,9% de los casos».

Recordó que la función de este Consejo es estudiar las leyes que elabora el Ejecutivo para certificar que darán «certeza y predictibilidad» a los ciudadanos.

Puso de manifiesto igualmente la independencia de los miembros del Consejo, asegurando que no se deben a ningún tipo de disciplina ni de «jerarquía».

De los 401 dictámenes emitidos el pasado año por el Consejo Jurídico, 302 corresponden a reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos contra la Administración regional o contra los ayuntamientos. A su vez, la sanidad acapara la mayor parte de las consultas, dado que un 80% de las quejas están motivadas por ciudadanos disconformes con la atención que han recibido o con los perjuicios que han sufrido tras pasar por un centro hospitalario. Parte de las reclamaciones contra la Sanidad están motivadas también por la adjudicación de plazas al personal.

En segundo lugar aparecen las reclamaciones presentadas por los padres de alumnos que han sufrido algún accidente escolar.

Según indicó Gómez Fayrén, en la lista destacan también las reclamaciones de los ciclistas y otros usuarios de las carreteras que han sufrido una caída y exigen una compensación económica. Resaltó igualmente los dictámenes motivadas por reclamaciones de índole urbanística y por los contratos en el suministro de agua potable.

La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, que intervino en representación del jefe del Ejecutivo, Pedro Antonio Sánchez, ausente por enfermedad, señaló que el aumento de la actividad del Consejo ha «ido en paralelo al crecimiento de su prestigio y del respeto que este órgano tiene como absoluto garante de la legalidad de las actuaciones». La consejera recordó que la Comunidad, con absoluto respeto a su independencia, «contribuye a divulgar su labor, tanto a través del portal institucional en Internet como en el de la Transparencia» en el que se publican sus memorias y los informes que realiza el Consejo Jurídico.