El PP anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana presentada por Podemos, que ayer pasó en la Asamblea el trámite como proposición legislativa gracias a los votos de PSOE y Ciudadanos, y que pretende que el Gobierno regional reduzca a la mitad el tiempo necesario para otorgar 30 ayudas sociales al 45% de la sociedad murciana que está en riesgo de exclusión social o pobreza.
Así lo anunció en el pleno la diputada popular Adoración Molina, quien justificó la decisión de su grupo en que esta proposición, una vez que finalice los trámites parlamentarios sin modificarse sutancialmente su contenido y se convierta en norma, implica «una suplantación de la función ejecutiva» del Gobierno regional por el poder legislativo.
Además, Molina señala que el texto aprobado por la oposición limita el ejercicio de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo recogido en la Ley 6/2004, por lo que ha presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, tras lo cual ha adelantado la intención de estudiar presentar el recurso de amparo.
La proposición de ley, cuya ponente es la diputada María Giménez detalla que tendrán la consideración de procedimientos de emergencia ciudadana la Renta Básica de Inserción, las pensiones no contributivas, las resoluciones del grado de discapacidad o dependencia, las plazas de residencias para mayores y las ayudas para transporte escolar y becas comedor, entre otras, hasta sumar una treintena de ayudas y becas públicas. Giménez defendió una iniciativa que pretende que el Ejecutivo murciano atienda «a los expedientes que guarda en los cajones durante meses» y de cuya concesión dependen tantas miles de familias en la Región, además de acabar con la actuación del Gobierno murciano tendente a que «al pobre, ni agua ni luz, y al dependiente, ni asistencia».
La diputada del PSOE Consuelo Cano indicó que esta proposición es «un reto para mitigar tanta desigualdad e injusticia» mientras el PP ha dejado a los murcianos «hipotecados hasta las cejas por su derroche» en infraestructuras como el aeropuerto de Corvera.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, calificó de «vergüenza» que el poder legislativo «deba sacar las castañas del fuego» a un Ejecutivo, según él, más preocupado por seguir utilizando a los colectivos con los que ha tejido «una red clientelar» durante 20 años para «echárnoslos encima» durante la tramitación de las enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad.
El Grupo Parlamentario tratará de enmendar el texto en el trámite de enmiendas de la Comisión de Servicios Sociales que se inicia ahora, y si se mantienen en el articulado los aspectos que considera la formación popular que «contravienen claramente la separación de poderes», estudiará las vías posibles para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
