Tribunales

El TSJ entrega a la Comunidad las llaves del aeropuerto de Corvera

Había encargado a Aeromur el mantenimiento de las instalaciones mientras resolvía si la rescisión del contrato era procedente - Los magistrados recuerdan que el Gobierno ha realizado una fuerte inversión y remiten «el interés general»

04.03.2016 | 00:11
Instalaciones del aeropuerto de Corvera, de las que podrá tomar posesión el Gobierno regional.

El Gobierno regional ha conseguido que la Justicia le conceda las llaves de Corvera después de dos año y medio de pleitos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoce a la Comunidad la posesión del aeropuerto y, por tanto, las llaves de las instalaciones que en octubre de 2013 dejó en manos de la antigua concesionaria, Aeromur. En un auto que ayer dio a conocer la Sala de lo Contencioso, los magistrados señalan que ha transcurrido el tiempo suficiente desde que se rescindió la concesión a Aeromur para que la Administración regional haya adoptado «las medidas pertinentes para la conservación del aeropuerto» y, por tanto, esté en condiciones de hacerse cargo de su mantenimiento.

La posesión oficial de Corvera es uno de los escollos que esperaba superar el Gobierno para sacar a concurso el nuevo contrato del aeropuerto, aunque la mayor parte de las empresas que se han mostrado dispuesta a pujar por Corvera también ponen como condición que se cierre de San Javier para no tener que repartirse el escaso millón de pasajeros que ha recibido en 2015. Aena se ha mostrado dispuesta a participar en la puja por el nuevo contrato, pero se ha desentendido de los compromisos de cierre de San Javier tras años de negociación.

Aunque esta resolución judicial puede ser recurrida, la Sala ha rechazado la pretensión de Aeromur y ha accedido a la petición de la Comunidad Autónoma, que solicitó la ejecución provisional de la sentencia que dio por bueno el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se rescindió la concesión.

Tras la ruptura con Aeromur, en septiembre de 2013, el entonces director general de Transportes y ahora delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís de Querol, exigió a la exconcesionaria que le entregara las llaves y trató de tomar posesión de las instalaciones, llegando a recurrir incluso a la Guardia Civil, pero la sociedad liderada por Sacyr se negó y acudió a los tribunales. El enfrentamiento dio lugar a un cruce de denuncias mutuas, algunas de las cuales fueron retiradas, pero los magistrados consideraron oportuno que la compañía constructora siguiera siendo la responsable del mantenimiento y la conservación.

Dos años y medio después la misma Sala que encargó el mantenimiento de las instalaciones a Aeromur dice que «el tiempo transcurrido desde la resolución del contrato hasta la fecha ha posibilitado que la Administración haya adoptado las medidas pertinentes para la adecuada conservación del aeropuerto; y en todo caso, esta es una cuestión que afecta al interés general y, por tanto, su defensa no le incumbe a la concesionaria».

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma solicitaron el 26 de noviembre la ejecución de la sentencia que avalaba la rescisión, dado que la concesionaria recurrió la sentencia judicial, aunque un fallo informático impidió que se registrara la petición del Gobierno, que volvió a presentarla el 13 de enero de 2016, según se detalla el auto, en respuesta a las quejas de la concesionaria.

Los magistrados entienden además que «el interés general exige la mayor agilidad en la puesta en marcha de una infraestructura que ha supuesto para la Administración regional un desembolso de millones de euros y que va a seguir generando costes como son los derivados del pago de justiprecios», dado que Aeromur no ha pagado a los dueños de los terrenos del aeropuerto.

Además, la Sala afirma que «no se le crean (a la exconcesionaria) perjuicios irreparables con la ejecución provisional ni se crea tampoco una situación irreversible. Así, cualquier perjuicio relativo a una resolución contractual es reparable mediante una indemnización». Añade que «en la documentación aportada se acredita que se han iniciado los trámites pertinentes para la licitación del aeropuerto, y dichos trámites no pueden verse limitados u obstaculizados en modo alguno por permanecer la actora en posesión de las instalaciones».

Apunta igualmente que «en una próxima licitación la actora puede también participar si reúne los requisitos exigidos para ello».

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