El Paraninfo del campus de la Merced de la Universidad de Murcia se llenó para la clase magistral que ofreció el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que no solo ofreció un discurso a los asistentes, en su mayoría alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía, sino que mantuvo posteriormente un debate con el público. «No dejéis que los chavistas alcancen el poder», le espetó un ciudadano, tras reclamarle cambios en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro en funciones no entró al trapo, recordando que el poder solo se puede alcanzar en este país a través del voto de los ciudadanos.
Catalá estuvo acompañado en todo momento por el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez; el rector de la UMU, José Orihuela; la directora de la Escuela de Práctica Jurídica, María Ángeles Sánchez; el exrector José Antonio Cobacho y el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y el decano de Derecho, David Morillas. También estuvieron el presidente del Consejo Social de la UMU, Javier Ruano, y los diputados del PP en el Congreso Teodoro García y Juan María Vázquez, que se fueron luego a Madrid para el debate de investidura.
Catalá se mostró abierto a debatir un cambio en la elección de los componentes del CGPJ, uno de los asuntos que más controversia crean en la sociedad, pero alertó de que los elijan juristas y no los representantes de los ciudadanos también tiene sus contras.
Defendió las reformas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular, como la creación de la figura de la prisión permanente revisable, que también reconocen la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También subrayó que decir que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promueve la impunidad por los plazos de instrucción, de seis meses en causas sencillas y 18 en las complejas, «es no tener en cuenta el artículo 324.8 de esa norma, que dice que el mero transcurso del tiempo no llevará nunca consigo el archivo de una causa.
El ministro en funciones comentó asimismo que si un procedimiento ordinario que antes suponía 60 días entre la entrada de la denuncia en el registro, la llegada a la mesa tramitadora y a la mesa del propia letrado, actualmente son tan solo 19 días gracias al uso de las nuevas tecnologías puesto que desde el 1 de enero pro ley las comunicaciones profesionales con la administración de justicia deben ser electrónicas. Antes sólo se podía hacer ese trámite en horario de oficina y hoy en día es 24 horas de los 365 días del año, con el consiguiente ahorro de papel.
Como retos de futuro, citó que el derecho penal debe adaptarse a nuevos comportamientos delictivos desconocidos hasta entonces como el caso del terrorismo yihadista , así como la difusión de imágenes íntimas captadas con consentimiento y distribuidas sin consentimiento, o la protección intelectual de los creadores.
