El fiasco económico que ha originado la desaladora de Escombreras ha llevado a la planta a acumular deudas hasta con la Iglesia. La empresa Tedagua, del grupo ACS (presidido por Florentino Pérez), responsable del mantenimiento de las instalaciones destinadas a la desalinización, y el desaparecido Ente Público del Agua, dependiente de la consejería de Agricultura y ahora integrado en Esamur, deben ya casi 20.000 euros a la parroquia Santiago Apóstol de Cartagena, situada en el barrio de Santa Lucía, por el alquiler de los terrenos que ocupa el depósito que distribuye los caudales ya tratados a los municipios de Cartagena, Torre Pacheco y Murcia.

El contrato de arrendamiento contempla una compensación adicional por la ocupación de los terrenos situados en el monte Calvario por los que discurren las líneas de alta tensión que alimentan las dependencias del depósito. Este documento está firmado por el párroco, Sebastián Chico, y por el que era gerente del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer. También lo rubrica el representante de Tedagua, Ramón Jiménez Serrano.

Además, la parroquia de Santiago tiene arrendados a la desaladora 10.123 metros cuadrados, por los que debe percibir 0,71 céntimos de euro más IVA anuales. Las dificultades que han llevado a la Comunidad Autónoma a retrasarse en los pagos a las empresas de ACS promotoras de la planta también la han convertido en morosa con una parroquia situada en uno de los barrios más modestos de Cartagena. Según ha podido saber LA OPINIÓN, la Comunidad y Tedagua deben el arrendamiento correspondiente a los años 2014 y 2015 , lo que elevaría la deuda cercana a los 20.000 euros. Además, el contrato contemplaba la ejecución de algunas obras en el monte Calvario por parte de los inquilinos, que no han llegado a materializarse.

Aunque la planta de Escombreras fue inaugurada en 2007 y entró en funcionamiento en 2009, la empresa responsable del mantenimiento de la planta y el Ente Público del Agua, que ahora está integrado en la sociedad responsable de las desaladoras Esamur, no firmaron el contrato de arrendamiento con la iglesia de Santiago Apóstol de Cartagena hasta julio de 2010. Los representantes de la desaladora ocuparon los terrenos propiedad de la Iglesia sin pedir la autorización previa. Por esta razón, en el documento se establece también el pago de 12.600 euros como compensación por la utilización de los terrenos del monte Calvario entre los años 2007 y 2009 con efecto retroactivo.

La construcción se enfrenta ahora a otro problema originado por la anulación del Plan General de Cartagena por parte del TSJ a raíz de un recurso del empresario Tomás Olivo. Al volver a estar en vigor el planeamiento anterior, los terrenos que ocupa el depósito están calificados como zona verde, quedando fuera de la legalidad urbanística.