La Administración de Justicia acapara el mayor número de quejas que los ciudadanos de la Región presentaron el año pasado ante la oficina del Defensor del Pueblo y que ascendieron a 73.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, hizo público ayer el informe anual en el que consta que esta institución registró un total de 550 quejas de murcianos en 2015, 230 menos que el año anterior. «Las quejas en justicia se deben a dilaciones en procesos judiciales», explicó la Defensora.
El informe expone que los juzgados de lo Social en Murcia - junto con los de Palma de Mallorca y Castellón- sufren «demoras injustificadas» en una jurisdicción que padece una mayor carga de trabajo por los efectos de la crisis económica, pero en la que es frecuente que resulte «imprescindible» la resolución judicial para hacer efectivos los derechos económicos. Por este motivo, la institución se puso en contacto con el ministerio de Justicia, conocedor de la «endémica» situación de esta jurisdicción.
El Ministerio comunicó las medidas adoptadas para tratar de superar esta situación, pero opinó que no era «necesario» crear nuevos juzgados de lo social.
En el caso concreto de Murcia, en 2014 los juzgados de lo Social de Murcia abrieron dos juzgados de refuerzo. En la actualidad, en la Región hay once, de los cuales tres están en Cartagena y 8 en Murcia. Y el último señalamiento que consta en los juzgados de lo Social de Murcia figura en el segundo semestre de 2017, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Contrariamente a lo que defiende el Ministerio, el informe del Defensor del Pueblo expone que el Consejo General del Poder Judicial, consideró «imprescindible» la puesta en marcha de nuevos juzgados en esta jurisdicción o dotar a los jueces de adscripción territorial de los medios humanos y materiales.
Al margen de esa cuestión, la falta de medios materiales ha llevado a la defensora ha realizar actuaciones de oficio en Murcia.
Otras denuncias
Además, de las quejas por el funcionamiento de la Justicia, los murcianos presentaron denuncias contra la actividad económica, en su mayoría contra los bancos y servicios como el gas y la electricidad (58); función y empleo públicos (49); empleo y seguridad social (45); impuestos (42); sanidad (25); asuntos de Interior (24); medio ambiente (24); educación (23); política social (22); servicios públicos y esenciales (20); y en estudio (20).
Con 14 quejas, le sigue el área de urbanismo; vivienda (11); administración local (10); centros penitenciarios (6); migraciones (6) e igualdad de trato (5).
Por lo que respecta a las quejas que se elevaron al Tribunal Constitucional a través del Defensor del Pueblo, desde la Región sólo se presentó un recurso. A nivel nacional la oficina que dirige Soledad Becerril, recibió 123 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se han reducido a más de la mitad respecto a hace un año, cuando se presentaron 289.
Además, la oficina admitió el año pasado un total de 55 expedientes de queja individuales y que se tramitaron ante la administración autonómica. De ellos, 32 no están resueltos aún. De los 23 expedientes concluídos, en 10 casos se comprobó que había habido «una actuación correcta» de la Comunidad Autónoma; en 8 se lograron subsanar el problema; y 1 caso no se ha solucionado.
Por lo que se refiere a los expedientes de actuación de oficio por parte del Defensor, iniciados y tramitados ante la administración regional, se iniciaron 9, de los cuales 7 siguen en trámite, uno se ha concluído y otro está en suspenso.
Finalmente, en el informe anual también se recogen los expedientes de años anteriores admitidos y tramitados ante la Comunidad Autónoma. En total, correpondientes a Murcia, figuran 108 casos, de los cuales 19 siguen en trámite; 2 están en suspenso y los 87 restantes se han concluido (21 fueron subsanados; 20 no procedían y 7 siguen sin arreglarse).
