Sanción

Protección de Datos expedienta a Presidencia por publicar datos personales de los funcionarios

Abre procedimiento sancionador contra la Comunidad tras las denuncias de 54 empleados públicos que vieron cómo se subía al Portal de la Transparencia información de carácter personal

24.02.2016 | 04:00

La Agencia Española de Protección de Datos ha acordado iniciar un procedimiento sancionador contra la consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma, por considerar que pudo vulnerar dos artículos (el 6.1 y el 10) de la Ley Orgánica de Protección de Datos por publicar, en el Portal de Transparencia de la web de la Comunidad (www.carm.es), un fichero que contenía los datos personales y las retribuciones de 8.000 empleados públicos de la Administración General y los organismos autónomos.

La Agencia responde así a las denuncias presentadas por 54 empleados públicos de la Región afectados por la publicación de los datos sin su consentimiento. En la resolución, el organismo estatal considera que la consejería de Presidencia pudo haber vulnerado el artículo 6.1 de la Ley de Protección de Datos, que indica que «el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado». También estima que se ha infringido el artículo 10, que se refiere a que «el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto a los mismos y al deber de guardarlos».

Según la Agencia de Protección de Datos, estos hechos serían constitutivos de faltas graves, que según la ley conllevan una sanción económica de entre 40.001 y 300.000 euros.

A partir de ahora, la Comunidad tiene quince días hábiles para presentar alegaciones y proponer las pruebas que considere convenientes. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de seis meses.

La publicación en la web de la Comunidad de los datos personales de los funcionarios, junto a sus salarios, fue desvelada por LA OPINIÓN, lo que originó un aluvión de quejas y reclamaciones por parte de los afectados. La consejería de Presidencia justificaba que la Ley de Transparencia de la Región les amparaba, aunque se citó con los sindicatos para buscar una solución. Finalmente, decidió eliminar el polémico fichero del Portal de Transparencia. La Agencia de Protección de Datos ya había reprochado a la Comunidad que difundiera información «innecesaria» de los empleados públicos (como su titulación académica o si tenían carné de conducir) y que no cumpliera el trámite de audiencia antes de subir los datos a la página web.

CSIF llama a la vía judicial

El presidente del sindicato CSIF en Murcia, Juan Miguel Gómez, mostró su alegría por la resolución, «pues este tipo de cosas se debieran haber consultado previamente con las organizaciones sindicales y con los trabajadores».

«Entendemos que siempre hay que preservar el derecho a la intimidad de las personas antes del derecho a la transparencia», indicó en la Cadena Cope.

Juan Miguel Gómez recordó que los 54 funcionarios que presentaron queja ante el organismo estatal tienen además otra vía para reclamar posibles indemnizaciones. «Hay dos vías, la de la Agencia Española de Protección de Datos, que luego puedo interponerle una sanción a la Administración, y después, si la persona considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales, pueden ir a la Justicia para hacer una reclamación por perjuicios».

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