Investigación

Cerdá ve justificada la desaladora por el recorte al Estatuto

El exconsejero de Agricultura, que ayer comparecía ante la comisión especial de la Asamblea Regional, compara el contrato firmado con el grupo de Florentino Pérez con el peaje en sombra de la Autovía del Noroeste

18.02.2016 | 04:00
Antonio Cerdá flanqueado por el diputado del PP Jesús Cano.

El exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, que ayer compareció ante la comisión especial de la Asamblea Regional que investiga la desaladora de Escombreras, culpa a la derogación del trasvase del Ebro y a las injerencias del ministerio de Medio Ambiente en el desarrollo de la Región de la creación del Ente Público del Agua y de los contratos firmados con el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. Consideró que la reforma de la Ley de Aguas que impedía aprobar recalificaciones sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura era un recorte al Estatuto. «Esta desaladora está dando riqueza a la Región. El Ente Público del Agua está acogido al Derecho privado, porque cada uno tiene su modelo. ¿Por qué modificaron ustedes la Ley de Aguas?», le preguntó Cerdá al diputado del PSOE Jesús Navarro. «Para restringir el Estatuto de Autonomía. Y cuando a uno le restringen su Estatuto, se revuelve. El desarrollo de la Región estaba mediatizado por el Estado y había que defender el Estatuto», se contestó.

Cerdá abría ayer la segunda sesión de comparecencias ante la comisión especial, que inauguraron los expresidentes Valcárcel y Garre. Al igual que hizo Valcárcel, reiteró que la creación del Ente estaba avalada por prestigiosos despachos de abogados y que los 600 millones reclamados por ACS son «una leyenda. Ni es leonino ni draconiano (el contrato). Sin este tipo de fórmulas no tendríamos la autovía del Noroeste», aclaró. A preguntas del portavoz de C´s, Miguel Sánchez, Cerdá admitió que el exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte participó en la negociación de Valcárcel con el presidente de ACS, Florentino Pérez, para que rebajara los 600 millones.

Culpó a «la maldita crisis» de que los ayuntamientos dejaran de necesitar el agua y defendió que la planta es rentable. «¿Cree que la autopista Cartagena-Vera o el nuevo aeropuerto de Alicante son rentables?», preguntó Cerdá. El que fue responsable de Agua con Valcárcel trató de explicar que tampoco las desaladoras del Estado serán rentables si deben amortizarse, aunque el pasado año Escombreras solo ha producido 12 hm3. El socialista Jesús Navarro le preguntó por el primer certificado del Ente Público, que firmaba una antigua asesora de Cerdá, María Antonieta Fernández, imputada en el caso Novo Carthago, e iba destinado a la urbanización Condado de Alhama. Según Navarro, el documento lleva fecha de diciembre de 2015, aunque el Ente se creó a principios de 2006.

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