La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela investigará en una sola causa las irregularidades en la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la venta, por parte de la entidad, de cuotas participativas. La magistrada ha acumulado ambos procedimientos en aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en marcha desde hace unos meses y que ha modificado algunos de los elementos (entre ellos, los plazos) a la hora de instruir causas judiciales en España.
En un auto hecho público ayer, la magistrada aplica la conocida 'regla de la conexidad' introducida en la última reforma legislativa y asegura que, al unir la pieza separada a la causa principal se evitarán «el enjuiciamiento paralelo de ambos procedimientos y la repetición de pruebas».
Tanto el procedimiento principal como el relativo a la venta de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada de la caja alicantina, cuenta con los mismos investigados.
La magistrada acusa a los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y falseamiento de cuentas.
Según indicaba su antecesor al frente del Juzgado en un auto, los cinco exdirectivos no pusieron «objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes».
Explicaba también que «se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial» del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.
Intervenida en 2011
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un eurocomunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
En cuanto a la pieza de cuotas participativas, cientos de afectados acusana los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes (miles de ellos en la Región de Murcia) con una venta «planificada y sistemática» de estos productos utilizando la información «falsa». Así, los clientes mantienen que la caja les aseguró que «podían retirar sus inversiones en todo momento» y que comunicó haber obtenido beneficios cuando no era cierto.
La Fiscalía acusa
La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los directores de Planificación y Control e Inversiones y Riesgos, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez respectivamente, son los responsables de la falsedad de las cuentas de la CAM por la que se declararon beneficios cuando la entidad arrastraba pérdidas que superaban los mil millones.
Unos hechos, acotados entre 2010 y el primer semestre de 2011, en los que no ha quedado probada la participación de quien fuera el último presidente de la entidad, el empresario Modesto Crespo, para quien se solicita el sobreseimiento de las actuaciones.
